La esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, fue recibida hoy por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, junto con Rosa Orozco y Johny Montoya, madre de Geraldine Carmona y hermano de Juancho Montoya respectivamente, ambos asesinados por policías durante las manifestaciones del año pasado contra el régimen de Nicolás Maduro.
El encuentro fue en Washington. De acuerdo con un comunicado de Voluntad Popular, organización política que lidera López, Orozco y Montoya explicaron al funcionario cómo integrantes de la policía política venezolana (Sebin) y de la Guardia Nacional Bolivariana asesinaron a mansalva a Geraldine Carmona en Carabobo y a Juancho Montoya en Caracas, casos que al día de hoy permanecen impunes.
Tintori contó, por su parte, cómo desde hace un año López permanece encarcelado de forma arbitraria en la prisión de Ramo Verde y recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exigió su liberación mientras enfrenta un juicio por los cargos de delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, al que calificó de "injusto".
"Secretario general Insulza reiteró el llamado a la liberación de Leopoldo López y todos presos políticos en Venezuela", escribió en su cuenta de Twitter tras el encuentro. Insulza, además, manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país caribeño y remarcó la obligación que tiene el gobierno de Venezuela de garantizar justicia en todas las causas.
"Durante más de once meses de proceso, sólo ha quedado demostrado que Leopoldo López es un preso de conciencia y que es inocente de todos los delitos que se le imputan. Leopoldo sólo quiere y lucha constitucional y democráticamente por una mejor Venezuela. Pensar distinto no es un delito y por ello diversos organismos y personalidades de renombre mundial han exigido su liberación", afirmó la esposa del dirigente.
La visita de la misión conformada por Orozco, Montoya y Tintori coincide con un momento en el que la oposición denuncia la existencia de "la tumba", una prisión de siete celdas de 2 por 3 metros en las que aseguran que son torturados los presos políticos. Según una abogada, allí permanecen encerrados tres estudiantes que fueron apresados durante las marchas del año pasado contra el Gobierno.
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Tintori y los familiares de las dos víctimas alertaron también a Insulza sobre la promulgación de una resolución que autoriza a los militares el uso de fuerza letal para reprimir las protestas y pidieron que los gobiernos de la región se mantengan atentos a la situación de Venezuela "para evitar mayores pérdidas humanas y el restablecimiento de la paz y la convivencia".
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