El embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, y los principales dirigentes de la comunidad judía se acercaron a despedir los restos del fiscal Alberto Nisman. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, también pasó por el velatorio, que se lleva a cabo, con una ceremonia íntima, en la casa funeraria O'Higgins, del barrio porteño de Núñez. En la zona hay un fuerte operativo policial y está cortado el tránsito de la calle O'Higgins, entre Quesada y Congreso.
Ex colegas de Nisman y diversas asociaciones convocaron a concurrir. Entre ellas hizo un llamado a participar la Asociación de Fiscales. Un grupo de ciudadanos se encuentra en la esquina de Quesada y O'Higgins. Allí pegaron carteles de respaldo a Nisman.
Durante la tarde del miércoles se produjo un incidente, cuando algunos de los concurrentes destrozaron la corona de flores enviada por la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Incluso arrojaron piedras, pero la calma rápidamente volvió al lugar.
Gils Carbó pasó un mal momento al llegar y al retirarse del velatorio de Alberto Nisman. La funcionaria estuvo allí un poco más de media hora. Cuando las personas que se acercaron a dar el último adiós al fiscal especial del caso AMIA notaron su presencia, comenzaron a insultarla e incluso patearon el auto que la transportaba.
El juez Ariel Lijo, que analiza las pruebas y la denuncia presentada por Nisman, también asistió, y se retiró a las 22:45. Otra de las personas que estuvo allí, fue el ex miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi.
Mañana jueves tendrá lugar el entierro en el Cementerio Israelita de Tablada, según lo comunicó la Agencia Judía de Noticias (AJN) basada en fuentes de la comunidad.
Nisman apareció muerto en el baño de su departamento el lunes 19 de enero, con un disparo en la cabeza. Hasta ahora, el único imputado es Diego Lagomarsino, el colaborador informático de la Unidad Fiscal Especial AMIA.
Lagomarsino fue imputado bajo la figura que contempla el artículo 189 bis, apartado 4, del Código Penal: "Será reprimido con prisión de un año a seis años el que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare su condición de legítimo usuario".