Ya es un hecho y la nueva norma de servicios de comunicación audiovisual será votada antes de que finalice este año: tres días antes de Navidad, Uruguay tendrá su nueva ley de medios.
De acuerdo con lo que consigna El País, las diferencias dentro del Frente Amplio quedaron resueltas este martes tras una reunión de la bancada de senadores, donde se definió votar el proyecto tal como fue redactado por el Ministerio de Industria.
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En la reunión de coordinación de la semana pasada, la senadora Lucía Topolansky había manifestado sus discrepancias con el artículo que obliga a los canales de cable de todo el país a incorporar al menos tres señales de producción nacional en su grilla. Sin embargo, en las últimas horas, la mayor parte de los senadores oficialistas se inclinó por no realizar cambios al proyecto.
El coordinador de la bancada, Enrique Rubio, le contó a El País que, de acuerdo con el nuevo texto, habrá tres señales uruguayas más en el cable. "Las señales pueden ganar concursos para aspirar a ser transportadas e integrar la grilla de los cables sin tener que pagar nada. Esto se hace con la idea de enriquecer la grilla y favorecer la producción nacional", comentó el legislador.
Para Tabaré Vázquez, la ley de medios es "impostergable"
El flamante presidente uruguayo, en su primer acto antes del ballotage, había aprovechado para lanzar los trazos de la que será su política en este campo.
Así, apuntó que un tercer gobierno del FA "podrá dar el salto cualitativo" en sus políticas culturales, tras diez años de gobierno en los que se multiplicaron las inversiones y el crecimiento de este sector en el país.
"Profundizaremos estas conquistas y crearemos nuevas realidades, porque la cultura es de toda la sociedad y se transforma con nuevas creaciones, con innovaciones propias y con el impulso de nuevas generaciones. Por eso es imperativo seguir apoyando la cultura en todas sus manifestaciones", indicó.
Además, Vázquez agregó que en su mandato se desarrollará el contenido de la ley de servicios audiovisuales que está a punto de ser aprobada por el Parlamento vigente, "que forjará un cambio sustancial no sólo para los artistas y creadores, sino para los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a servicios de calidad".
En ese sentido, el mandatario electo, que ya gobernó Uruguay entre 2005 y 2010, indicó que la normativa estará orientada a "proteger y promover dando igualdad de oportunidades" a la producción cultural nacional.
Mujica fue el impulsor de la polémica ley de medios
El año pasado, el aún presidente uruguayo envió un proyecto de ley de medios al Parlamento, lo que ha generado inmediata polémica entre los distintos sectores de la oposición, que exigieron un amplio debate y garantías a la libertad de prensa.
La iniciativa, que regulará la prensa escrita, radiofónica y televisiva, incluye la adjudicación de canales de televisión digital. Según dijo en 2012 Mujica, cuando manifestó su voluntad de presentar el proyecto, la legislación no será "restrictiva", como la de la Argentina.
El proyecto rápidamente fue objeto de críticas en Uruguay. El senador Jorge Larrañaga, de la Alianza Nacional, le dijo al periódico El País que antes de enviar el proyecto de ley el Poder Ejecutivo debería convocar a todos los partidos con representación parlamentaria para lograr un proyecto con consenso político.
El proyecto rápidamente fue objeto de críticas en Uruguay
"A nuestro juicio hay que impulsar una ley de medios con acuerdo de todos los partidos, porque está en juego nada más y nada menos que la calidad democrática del país", aseguró al mencionado diario.
Por su parte, el diputado Álvaro Delgado, de Aire Fresco, impulsó una iniciativa para que el Directorio del Partido Nacional envíe una carta al presidente José Mujica, en la que solicitó una reunión para proponerle un ámbito multipartidario para analizar el tema.
En tanto, el senador Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay, había pedido que toda iniciativa vinculada a medios de comunicación debía postergarse dado la campaña electoral.
"El Frente Amplio habla de democratizar los medios, el Poder Ejecutivo anuncia el envío de una ley de medios y además se prepara para asignar canales. El Gobierno debería dejar todo eso para después de las elecciones. Pero puede ser muy malinterpretado que todo esto coincida con la campaña", reflexionó en su momento.
La SIP cuestionó que la información sea calificada de "servicio público"
SIP vio "amenazas" en la ley de medios uruguaya
En julio de 2013, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó sus reservas frente al proyecto de ley presentado por el gobierno uruguayo para regular los servicios de comunicación audiovisual, ante "elementos que amenazan" el derecho a la libertad de expresión.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que el proyecto para regular la radio y la televisión "contiene artículos garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión pero, a la vez, incluye elementos que amenazan la vigencia de ese derecho humano".
El directivo de la SIP señaló como "contradictorio con el espíritu de la ley la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que estará integrado por funcionarios designados por el poder político, con atribuciones para imponer mecanismos de autorregulación a los medios e interferir en sus contenidos y políticas editoriales".
La norma establece límites a la concentración de medios
En nombre de la SIP, cuestionó que la información sea calificada de "servicio público" y que el proyecto considere a los medios como "estratégicos para el desarrollo nacional", lo cual -a su juicio- abriría las puertas para intervenciones arbitrarias del Estado en los contenidos que sean difundidos.
El proyecto de ley enviado al Parlamento en mayo de 2013 dice que busca modernizar el sector y promover "la producción de contenidos nacionales de calidad, específicamente los programas dirigidos a la infancia y la adolescencia".
La norma establece límites a la concentración de medios (tres señales de radio o televisión o seis de televisión para abonados), pero también impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.
Tampoco se podrán prestar servicios de televisión satelital para abonados al mismo tiempo que se presten servicios de radiodifusión abierta o para abonados mediante soporte físico.
Las licencias serán cedidas por un plazo de 10 años para radio y 15 para televisión, que podrán ser renovadas por 10 años más.