Los vecinos del barrio de Colegiales se han plantado de manera vehemente frente a la instalación de una sede del Mercado Central en un predio ferroviario. Realizaron varias medidas de protesta y ahora pasaron a la acción penal.
Con la colaboración técnica del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron penalmente al presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño (APrA), Juan Carlos Villalonga. Lo acusan de rehusarse en reiteradas ocasiones a clausurar la construcción de una nueva sede del Mercado Central en Colegiales.
Según los vecinos, el propio organismo ha reconocido que los trabajos de construcción realizados se "iniciaron sin ni siquiera iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental". La APrA clausuró preventivamente la obra por dos días pero luego decidió levantarla empleando argumentaciones legales que no tienen ningún sustento legal.
Los denunciantes alegan que la Evaluación de Impacto Ambiental y la entrega, en consecuencia, del Certificado de Aptitud Ambiental debe ser en forma previa al otorgamiento del certificado de uso conforme y al inicio de las obras. En la Ciudad de Buenos Aires el Certificado de Uso Conforme se solicita en forma previa al registro de Planos.
Respecto a la obra de la sede del Mercado Central en Colegiales ya se ha otorgado el certificado requerido, se ha registrado los planos y las obras han sido iniciadas pero el Presidente del APrA ha decidido no cumplir con su obligación de clausurar la obra por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental, incumpliendo a sabiendas y en forma ostensible sus obligaciones como Autoridad de Aplicación de la ley N°123.
Esta conducta "inexplicable" de Villalonga -según los denunciantes- es reiterada en su gestión. Las obras del Metrobus Norte como la del Metrobus San Martín están en plena ejecución sin contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Y agregan que varios shoppings de la Ciudad están en funcionamiento sin cumplir con este requisito.
Fueron denunciados también Antonio Ledesma, director de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), y los funcionarios de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro responsables por autorizar y registrar los planos de una obra en un distrito en el cual el Código de Planeamiento de la Ciudad no permite la instalación de una sede del Mercado Central.
Todos los funcionarios fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal. La denuncia penal cayó en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13 a cargo de la jueza Patricia Guichandut.
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