La provincia de Buenos Aires fue la gran castigada en los fondos contra inundaciones

En el barrio Don Juan, de Gregorio de Laferrere, reina el desconsuelo. En una semana, el agua subió y bajó tres veces. Hay sol, los chicos empiezan a corretear por las calles, pero la desconfianza todavía no se fue.

"Dicen que mañana el agua vuelve, y con más fuerza". La que habla es Ramona Argüello, la vecina que hace unos años se ganó el premio a la Mujer del Año por su trabajo social en el Municipio La Matanza, que le otorgó Fernando Espinoza, y hoy lucha porque la intendencia le mantenga el merendero donde daba de comer a 120 personas.

Quién lo dice, no se sabe. Alguien tiró el dato de que la lluvia volverá y se va repitiendo con la angustia del que durante el año se le inundó la casa dieciocho veces. Sí. Dieciocho veces entró el agua a viviendas dignas, de buen material, que están construidas en un barrio de calles anchas y tendido de luz eléctrica, sin cloacas, a la vera de un arroyo. Buscando alguna certidumbre, los vecinos hacen cuentas. Si en lo que va del año se inundó dieciocho veces, todavía debería inundarse tres o cuatro veces más hasta las fiestas.

Se ve perfectamente que Ramona es inteligente. Si alguien le explicara a ella, y a sus vecinos, y a los vecinos de todos los barrios de ricos y pobres que están en zonas inundables, buscarían la forma de tener un sistema de alerta, construirían casas ricas o pobres con pilotes, pondrían sus camas y muebles más alto, tendrían algún sistema eléctrico para evitar que el agua destruya sus electrodomésticos.

Sin embargo, estamos en la provincia gobernada por el corto plazo. A los intendentes les interesa seguir ganando elecciones y a las inmobiliarias seguir loteando lujosos barrios cerrados. A ninguna clientela, ni rica ni pobre, le gusta saber que vive en un lugar que se puede inundar, así que nadie se los dice. Y lo que se hace es sencillo: cada uno se la arregla como puede, el barrio rico hace defensas contra el agua; el barrio pobre organiza un sistema precario de donaciones cada vez que es necesario.

La planificación parece haber desaparecido del conurbano de la provincia de Buenos Aires. De vez en cuando se hace un desagüe por allá, o una limpieza de arroyo por el otro lado. Los funcionarios carecen de un sistema de prioridades y nadie sabe explicar, por ejemplo, cuál es la razón por la que se deja a Luján sin un sistema de defensa que proteja de las inundaciones a uno de los cascos urbanos más importantes del país en términos históricos, con un complejo de museos incluso.

"Son cosas que no puede planificar un municipio, sino que tienen que ser parte de un planeamiento provincial", dice el ingeniero hidráulico Hugo Amicarelli, ex Director de Recursos Hídricos de la Provincia y ex Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, "pero está todo desmantelado, porque el único objetivo de estos años ha sido el poder", sentencia.

Existe desde el 2001 en la Argentina el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que desde que empezó a recibir dinero de un impuesto de naftas y gas natural comprimido en enero de 2002, hasta septiembre de este año, lleva recaudados 8.594.000.000 millones de pesos. Fue creado para financiar las obras hídricas de la Cuenca del Salado, para las que había un ambicioso plan de regulación, que fue dejado a medio hacer.

Cuando Néstor Kirchner supo de ese dinero que entraba automáticamente a las arcas del Estado, firmó un decreto que le permitió disponer en forma discrecional de esos fenomenales ingresos, premiando o castigando, sin ningún tipo de plan. Mejor dicho, el plan era que gobernadores e intendentes invirtieran su tiempo en llevarse bien con él y distribuir esos fondos bajo criterios inclasificables en un diseño de infraestructuras. Un día podía tratarse de darle una obra a la empresa de un amigo, otro de destruir a algún enemigo, mañana de distraer a la opinión pública de algún lugar con cierto anuncio. El plan era la ausencia de plan.

Particularmente en Buenos Aires, se trataba de quitarle relevancia a la administración provincial para poder negociar en forma directa con los intendentes la realización de obras que ellos pedían y se ejecutaban desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Es importante escuchar lo que tiene para decir al respecto el diputado Carlos Brown, que se transformó en un verdadero experto del uso y abuso del Fondo Hídrico: viene denunciando desde el uso de 16 millones de pesos para la construcción de un stand en Tecnópolis, que se giraron a las universidades de Tres de Febrero y de San Martín, hasta "la entrega de montos para obras que son maquillaje, y de ningún modo resuelven el problema de las inundaciones en las distintas cuencas que cruzan el conurbano bonaerense".

En rigor, la provincia de Buenos Aires es la gran castigada por el Fondo Hídrico. Allí vive el 40 por ciento de la población nacional, tiene el mayor número de establecimientos industriales y agrícolas del país, es la mayor generadora de riquezas, también la que tiene más pobres, pero sólo recibió 2.600 millones para obras hídricas desde que se implementó el Fondo, o sea, el 25 por ciento del total.

Sin los fondos suficientes, sin planificación, sin la intervención de equipos interdisciplinarios profesionales que analicen el estado de las cosas y prepare a las poblaciones para resistir la llegada del agua hasta que se hagan las obras de infraestructura que demorarán años, lo lógico es que pase lo que pasa: de un lado del arroyo se inunda el country Estancias del Pilar, y del otro el barrio Carabassa.

En ese contexto, el padre Gabriel Michelle tiene que soportar la pelea entre los militantes de La Cámpora y del intendente Humberto Zúccaro por una ayuda que no dan, mientras él pasa los días con sus noches junto a las familias humildes, que reciben las donaciones que les acercan los vecinos del country.

Del otro lado del conurbano, Silvia Flores, de la Coooperativa La Juanita, llevó a los barrios inundados de Laferrere colchones y ropa seca, medicamentos y desinfectantes, donaciones que fue recolectando de solidarios de todas partes que saben que ella y su gente están ahí, en la trinchera de la vida, escuchando lo que cada inundado necesita contar del drama que vivió y recibiendo lo que haya llegado como donación. El municipio sólo apareció un rato a la mañana a través de un camión que entró y repartió tres sachets de agua por familia.

La ausencia del Estado es notoria en todos lados. A los desarrolladores de los countries les aprueban estudios de impacto ambiental falsos o les otorgan permisos precarios que nadie controla una vez terminadas las obras y habitados los lotes. A los punteros se les permite que repartan tierras inundables, donde no se pueden construir cloacas (o sea, son sanitariamente precarias), a familias necesitadas.

Jorge Cuello, docente de Derecho Ambiental y miembro del Grupo de Información y Análisis de la Realidad Argentina (GIARA), dice que es imprescindible desarrollar un sistema de generación de alertas satelitales, preparar centros de evacuación, formar cuerpos de voluntarios de Defensa Civil en los barrios. "Muchos daños se podrían evitar con acciones concretas y coordinadas, hasta que lleguen los estudios que den cuenta del impacto climático y las obras se ejecuten", asegura.

La emergencia fue el signo de estos años. Por suerte, "

", tal como dijo

, el ministro Desarrollo Social bonaerense. Los argentinos podemos estar tranquilos.

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