Todavía faltan más de 50 días para que expire la Ley Habilitante que le dio a Nicolás Maduro la potestad legislativa para luchar contra la corrupción y la denominada "guerra económica", pero hasta ahora los resultados en ambos campos están siendo muy cuestionados porque dejan mucho que desear.
Desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial el 20 de noviembre de 2013 hasta hoy, el presidente venezolano aprobó tan sólo cinco decretos con rango de ley. Y los diputados, constitucionalistas y economistas consultados coinciden en que ninguno de los textos aprobados por el Palacio de Miraflores ataca la corrupción ni la raíz de la crisis económica.
Los únicos instrumentos elaborados por el sucesor de Hugo Chávez y publicados en la Gaceta Oficial desde noviembre son la ley que crea el Cencoex y suprime Cadivi (noviembre de 2013); la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios (diciembre de 2013); la Ley de Precios Justos (enero de 2014); la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial (mayo de 2014); y la Ley de Atención al Sector Agrario (junio de 2014).
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Otros instrumentos directamente asociados con el control de la corrupción que estaban en la agenda de la Asamblea Nacional quedaron en el "limbo" con la autorización de la Ley Habilitante. Un par de estos ejemplos fueron el de una propuesta de ley de protección del denunciante de delitos de corrupción y otra de declaración jurada de intereses, sugeridas por la Contraloría General en 2013.
Resultado ambiguo
"La corrupción de este gobierno tiene 15 años, pero justo cuando se acercaban las elecciones municipales anuncian que van a enfrentarla y van a revisar los precios de los electrodomésticos. Sin duda, les dio un resultado político en votos, pero la corrupción sigue igual y la especulación también. Todos estos operativos de ataque al contrabando demuestran que la Ley Habilitante no fue efectiva", aseguró el diputado por AD-Mérida, Williams Dávila.
A su vez, el constitucionalista y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Jesús María Casal, opinó en el mismo sentido: "La Ley Habilitante se inscribió en un contexto electoral, dentro del cual el discurso oficial fue la necesidad de dictar medidas efectivas para luchar contra la corrupción. Aunque luego eso desembocó en unos objetivos añadidos vinculados a la crisis económica, y en 10 meses sólo han aprobado cinco leyes".
La polémica Ley Habilitante no mejoró la calidad de vida de la gente ni depuró las finanzas públicas. En cambio, dicen los especialistas consultados, el impacto político es tangible al menos en tres áreas: cambió la composición del Parlamento a favor del oficialismo, ayudó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a capitalizar votos en las elecciones municipales y la Asamblea Nacional (AN) redujo al mínimo su productividad legislativa.
El otro resultado concreto de la Ley Habilitante es el de un Parlamento que en los últimos 10 meses redujo al mínimo su productividad: apenas 12 proyectos se transformaron en ley en ese lapso, incluyendo el Presupuesto y el Endeudamiento, que son enviadas allí por el Poder Ejecutivo.
Rápida reforma
La Ley de Precios Justos, decretada por Maduro y publicada en la Gaceta Oficial en enero, todavía no tiene ni un año de vigencia pero ya se anunció que se va reformar, según publica el periódico El Nacional.
Sin embargo, la economista Alicia Sepúlveda indicó que dicha reforma no está en el ámbito de la Ley Habilitante: "Esa ley regula la actividad privada, y la corrupción es un delito atribuible a funcionarios del Estado. El contrabando es un sistema creado por incentivos perversos, en el que puede o no haber participación de funcionarios. La Ley Habilitante "ha sido usada para cercenar aún más las libertades económicas, y no para resolver la transparencia de las finanzas públicas".
Además de la Ley de Precios Justos, Maduro anunció este año que la ley de primer empleo entraría por la Ley Habilitante y recientemente el titular de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, William Fariñas, dijo que la Ley de Fronteras, que aguarda su aprobación desde hace 12 años, podría ser decretada por el mandatario como parte de la lucha contra el contrabando.
Las
que recibió el fallecido
le permitieron aprobar
un total de 218 leyes. Entre 2007 y 2008 la AN aprobó 35 leyes y el Poder Ejecutivo 66; mientras que entre 2010 y 2012 el Parlamento aprobó 48 normas y Chávez 63.
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