El vicepresidente Amado Boudou, recientemente procesado en dos causas judiciales, recibirá el próximo martes al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Un punto común los une directamente: ambos fueron denunciados en reiteradas ocasiones por los frentes opositores de sus paises. El dirigente chavista acumula 15 demandas sólo en el estado donde fue gobernador (Miranda), que, según aseguran en el partido Primero Justicia, "nunca fueron investigadas".
Cabello, ex militar y ladero de Hugo Chávez en el golpe de estado de febrero de 1992 contra Carlos Pérez, representa el ala dura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tras la muerte del líder chavista, dijo a la oposición en cadena nacional: "Deberían haber rezado para que siga vivo, porque él era muro de contención de las ideas locas que se nos ocurren".
El kirchnerismo lo recibe "con alegría", según dijo el diputado nacional Edgardo Depetri, al anunciar la llegada del funcionario que disertará sobre el rol de su país en "los desafíos que enfrenta la región".
"Venezuela es un gobierno amigo, un pueblo solidario que nos ha acompañado en nuestro reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Hemos construido lazos económicos y políticos de complementariedad y es un aliado estratégico en nuestra pelea con los fondos buitres y el capital financiero especulativo, que quiere quebrar nuestra soberanía popular", indicó el Frente para la Victoria en un comunicado.
El miércoles, tras reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el referente chavista participará de un panel junto al líder de La Cámpora y legislador, Andrés Larroque. Además, mantendrá reuniones que no fueron difundidas con líderes sindicales, ministros y dirigentes territoriales del kirchnerismo.
De tono duro y palabras desmedidas, el presidente de la Asamblea Nacional nació el 15 de abril de 1963 en El Furrial, Monagas. Es ingeniero y teniente retirado del Ejército.
Construyó su carrera política junto a Hugo Chávez. Fue su vicepresidente en 2001 y lo rescató de la cárcel de La Orchila el 13 de abril de 2002, cuando grupos empresarios y un sector militar lo derrocaron e impusieron un gobierno que duró pocos días. Luego, fue designado ministro del Interior y Justicia. Dirigió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y en 2004 fue elegido gobernador del estado Miranda, actualmente bajo control del opositor Henrique Capriles. Fue titular del ministerio de Obras Públicas y elegido diputado en 2011. Desde 2012 preside la Asamblea Nacional.
En julio de este año, llamó a "eliminar" a los grupos opositores. En esa ocasión, dijo: "Una de las cosas que nosotros debemos eliminar de una vez y para siempre son los grupitos, los grupitos le han hecho daño a la Revolución Bolivariana, aquí lo único que tiene que haber es un solo grupo, el grupo del comandante Chávez, el grupo del compañero Nicolás Maduro".
En octubre de 2013, admitió públicamente que el Poder Ejecutivo de Venezuela tiene una red de espionaje preparada para investigar a los activistas de otros frentes políticos: "Sabemos qué hacen, qué comen y con quiénes se reúnen", dijo.
De cara a las elecciones municipales de diciembre de 2013, y ante la convocatoria a un paro, llamó a la juventud de su partido y a los militantes sindicales a "tomar" las empresas que cesaran en sus actividades, impulsadas por activistas opositores. "Empresa que se pare en cualquier lugar, el pueblo trabajador, a la calle a tomarlas. Así debe ser".
Aquel día, acusó a la oposición de sostener "una guerra" económica: "Se lo hemos dicho señores amargados, las primeras bajas que tendrá esa guerra económica será su propia gente porque el pueblo pobre tiene conciencia".
Fiel a un estilo militar y a la doctrina chavista, Cabello recuerda cotidianamente a Chávez y utiliza algunas expresiones particulares con frecuencia. "Les vamos a pasar por encima" o "declaración de guerra", se repiten en sus discursos.
El partido Primero Justicia, que lo ha investigado por malversación de fondos, asegura que durante su gobierno en el estado Miranda se registró "la construcción de un baño de 421 millones de bolívares (u$s67 millones), además de la adjudicación de obras sin que ni siquiera se hubiese licitado por más de 3,5 millones de bolívares (u$s560.000)", además de "pagos dobles en el Hotel Anauco por cancelación de hospedaje a médicos cubanos", entre otras causas.
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