Después de pasar los últimos 23 años en prisión, finalmente Jhon Jairo Velásquez, alias "Popeye", recuperó la libertad este martes por la noche. Pero desde hace tiempo la sociedad colombiana se viene preguntando cómo será la nueva vida del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar.
Tras su liberación, "Popeye" fue escoltado con un fuerte operativo policial desde el municipio boyacense de Cómbita hasta Bogotá. Si bien todavía no se revelaron detalles sobre cuál será su destino, se cree que sería Medellín o un municipio de Antioquia.
Ante el temor de sufrir un atentado, El Tiempo consigna que es posible que el ex jefe de sicarios solicite a la Fiscalía ser incluido en el programa de protección de testigos, luego de sus testimonios a lo largo de su proceso judicial.
"Cuando vuelva a las calles, tengo un 80% de probabilidad de que me maten y un 20 por ciento de coronar", había declarado Velásquez seis meses atrás, en una entrevista para la revista Proceso (México).
En ese caso, fuentes de la Fiscalía revelaron que la libertad implicaría que el ex jefe de sicarios, quien confesó 300 asesinatos cometidos directamente por él, acepte tener una vida en el anonimato, en un lugar apartado y lejos de sus seres queridos.
Incluso en prisión pasó los últimos nueve años como el único preso en el pabellón de recepciones por temor a que lo mataran. Allí sólo se le permitía hablar con los guardias y los trabajadores sociales.
Por su parte, al no tener un pedido de extradición por narcotráfico, podría solicitar un pasaporte para poder viajar al exterior o, en caso de sentirse amenazado tras su libertad, también podría pedir asilo. Sin embargo, esta decisión queda bajo total responsabilidad del gobierno.
De todas formas, las autoridades colombianas reconocieron que, debido a los delitos que cometió que fueron calificado de lesa humanidad, se le podrían cerrar las puertas de otros países.
Ahora Popeye será sometido a más de dos años de prueba (52 meses y 22 días), en los que deberá certificar su buen comportamiento. Además, su libertad fue condicionada al pago de nueves millones de pesos.
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