Como se preveía, el fallo de la justicia norteamericana que favoreció a determinados grupos de inversores generó una catarata de demandas de otros acreedores que no ingresaron al canje de deuda y ahora exigen cobrar el 100% de los títulos que cayeron en default en 2001.
Según informó la agencia de noticias especializada Bloomberg, tenedores de títulos por u$s700 millones se presentaron ante el juez Thomas Griesa para intentar tener la misma suerte que los fondos dirigidos por Paul Singer y Mark Brodsky, hoy en conflicto con la Argentina.
Mediante ocho acciones de clase, estos "nuevos" holdouts presentaron el jueves la documentación de sus títulos y exigieron tener un mismo trato que los fondos que se encuentran negociando actualmente con la Argentina con la intermediación del special master Daniel Pollack.
"Los demandantes de las acciones de clase deben estar al mismo nivel de NML y otros litigantes para quienes la cláusula pari passu fue garantizada", planteó el grupo que se presentó en los tribunales de Nueva York.
El pari passu es conocido como la condición de "igual paso" que obliga a la Argentina a darle un tratamiento igualitario a todos sus acreedores. Sin embargo, en una audiencia realizada el 27 de junio, Griesa ya había desestimado un pedido similar de otros cinco grupos de bonistas.
En ese contexto el juez había reconocido otros fondos que no habían entrado al canje y tenían derecho a elevar reclamos contra la Argentina, sin embargo con el fin de avanzar en conversaciones racionales con los dos grandes fondos que ahora están en litigio, prefirió no dar lugar a firmar fallos adicionales. Pero con Griesa no siempre dos presentaciones iguales tienen la misma respuesta, así que habrá que esperar.
La Argentina se encuentra negociando con dos grandes fondos de acreedores para no caer en default el 30 de julio. Ese día vence el plazo de gracia que tiene para cumplir con los bonistas que entraron en el canje de deuda. Pero por una orden de Griesa, no puede cancelar sus obligaciones pendientes sin consensuar antes una salida con los holdouts que tienen fallos favorables. El Gobierno exige que se reponga una medida cautelar que suspenda la ejecución de la sentencia para evitar la cesación de pago. Los inversores la acusan de no tener ánimo de diálogo.
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