Piden seguir investigando a quienes intervinieron en el Megacanje de la deuda externa

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía del menemismo y de la Alianza, es, hasta ahora, el único que irá a juicio oral y público por su responsabilidad en la operación financiera conocida como Megacanje.

Hace tres semanas la Sala II de la Cámara Federal sobreseyó al resto de los imputados y decretó que el caso estaba prescripto para el banquero estadounidense David Mulford.

Pero el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, apeló las decisiones de la Sala II y planteó un recurso de casación para que se revise lo determinado hace unos días.

En 2001 el ex presidente Fernando de la Rúa y su ministro Cavallo anunciaron la operación conocida como el Megacanje de la deuda. Judicialmente se les reprocha a los ex funcionarios públicos el haber incrementado el monto de la deuda y haber favorecido a un consorcio de bancos que se benefició con el cobro de comisiones. Según expertos, el "Megacanje" aumentó (de acuerdo a las proyecciones) el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses.

El fiscal del caso Federico Delgado había pedido el procesamiento de los imputados. El juez Sebastián Ramos los procesó en 2013. Aquella resolución de Ramos determinó el procesamiento de Jorge Amadeo Baldrich –ex Secretario de Hacienda-, Julio Dreizzen -ex Subdirector de Financiamiento-, Horacio Tomás Liendo-ex asesor de Cavallo-, Norberto López Isnardi –ex Director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público-, Ernesto Alberto Marcer –ex Procurador del Tesoro de la Nación-, Carlos Federico Molina –ex Director Nacional de Crédito Público-, Guillermo Mondino –ex Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía- y Federico Sturzenegger –ex Secretario de Política Económica. Varios de los procesados ocuparon cargos públicos en áreas técnicas de Economía durante el gobierno kirchnerista. Sturzenegger, fue presidente del Banco Ciudad, y en diciembre de 2013 asumió como diputado nacional por el PRO.

La Sala II de la Cámara Federal sobreseyó a todos los imputados porque no se había podido sumar pruebas para modificar la situación de falta de mérito en la que estaban los imputados antes del procesamiento de Ramos. El fiscal Moldes apeló esa decisión. Entres sus argumentos dijo que "tras una decisión de política económica del Estado existió una tramoya –previa, contemporánea y posterior a la suscripción del Decreto 648/2001- que tendió a favorecer a ciertos amigos de quiénes llevaban adelante esa operación en nombre del Estado. Todos los que aquí aparecen nombrados han tenido parte e intervención en los hechos que desde los despachos públicos dieron amparo, visibilidad y cierta efectividad a la maniobra. Por eso es injusto que sean apartados de la causa"

El decreto 648/2001 es el que permitió el Megacanje de títulos públicos. Y entre los amigos a los que se refiere Moldes está el banquero David Mulford quien entonces encabezaba el Credit Suisse First Boston que tuvo un papel preponderante en el millonario negocio de la colocación de deuda. Mulford fue reclamado en varias ocasiones para que se presentara a declarar como imputado. Pero nunca se presentó ante la Justicia argentina.

La Sala II de la Cámara Federal, cuando sobreseyó a los imputados también declaró la prescripción para Mulford. El fiscal Moldes también apeló esa determinación. A Mulford le otorgaron la prescripción del delito debido a que entre los sobreseídos está López Isnardi, quien fue funcionario público hasta agosto de 2010. Como había un funcionario involucrad en al causa los plazos se habían extendido. Moldes, que apeló el sobreseimiento de López Isnardi asegura que n está prescripta la causa para Mulford. Para Moldes el delito de malversación de caudales públicos por el que lo imputaron a Mulford aún debe ser perseguido y reclamó que se revoque el sobreseimiento por prescripción.

La presentación de Moldes a la que accedió Infobae en fuentes judiciales, tiene un plano jurídico y uno político. El fiscal habló de negociados y de falta de decencia: "El cuadro es harto conocido: el maridaje entre funcionarios públicos y asociaciones de privados que comprometen, mediante la celebración de convenios ruinosos, la economía presente y futura del país, acometiendo para ese fin conductas claramente violatorias del catálogo represivo. Unos por irresponsabilidad, impericia, desidia, pusilanimidad o vaya uno a saber qué oscuras connivencias. Otros por avidez, codicia, desprejuicio e indecencia". Y también de la necesidad de que sean investigados por casos de corrupción como el del Megacanje: "Da lo mismo. Lo único importante es que todos y cada uno de ellos respondan penalmente por sus ilícitas acciones. Lo contrario implicaría consagrar que ninguna consecuencia se avizora para la sumatoria de décadas de desaciertos, imprevisiones y despropósitos que nos trajeron a estos puertos y han provocado una fractura entre la confianza pública, las garantías del estado de derecho y sus objetivos de equidad. Por supuesto, las tres últimas, manejadas por gobiernos surgidos del voto popular, duelen más."

En su argumentación también deslizó una crítica al proyecto que tiene media sación de Diputados y avanza en el Senado para para quitar responsabilidad civil a los funcionarios públicos. Moldes continuó: "Un desengaño, en suma, que descompensa el concepto de reparación justa y deja a las víctimas –que en este caso somos todos- sumidas en un pozo de frustración y desamparo. No menor sería, por cierto, la irritación que generaría una limitación de responsabilidad funcional (siquiera en el ámbito civil) mediante instrumentos legales que pusieran a los servidores del Estado al abrigo de toda acción legal.

Aprovechó su apelación para procurar que se debata un nuevo Código de Procedimentos que impida la extensión casi eterna de procesos como el del Megacanje. ".., pero no podemos darnos el lujo de permanecer impasibles cuando el resultado final de un juicio tiende a producir uno de esos cortocircuitos morales que encienden en la gente la chispa del desaliento. Porque lo cierto es que un delito de gran impacto social se ha diluido en el entramado de un nudo de difícil comprensión para el hombre común, al que no le queda más que un sentimiento de impunidad irreparable, de un enorme fracaso; de una injusticia. Tras más de una década de investigación el resultado es un profundo sinsabor y una amargura desesperanzada.

Por eso llama a veces la atención que dilapidemos nuestros esfuerzos en la tan cacareada discusión sobre el cruce de proyectos y anteproyectos de Código Penal que en estos últimos tiempos nos han venido vendiendo como espejitos de colores. Se clama diariamente y a voz en cuello que la exigencia de los tiempos consiste en rediseñar "ex novo" la legislación de fondo. Sin negarlo, me permito destacar que para los que vemos la realidad desde la trinchera y no desde la cátedra universitaria lo urgente e imperioso sería contar con una remozada ley procesal que empezara por limitar al máximo todas las maniobras dilatorias que hoy son un puente de plata (a veces, casi literalmente hablando) a la impunidad. Se trata de mecanismos pensados para otro tiempo, otros intereses en pugna, otras reglas de juego morales y otra relación entre los actores sociales. Necesitamos con urgencia un renovado Código de Procedimientos que realmente sea una herramienta apta para combatir y erradicar las múltiples formas de la delincuencia. Toda la delincuencia, desde la que viste trajes cortados por maestros sastres de Savile Row y corbatas de Place Vendôme hasta la que duerme en ranchadas bajo la autopista y come de la olla popular."

Moldes se refirió especialmente a un poderoso como Mulford y el hecho de que nunca se presentó a declarar en Argentina y al respeto que se debe tener por los Tribunales de cualquier país. : " ... David Mulford, en un tiempo Secretario del Tesoro de Estados Unidos y luego representante del Credit Suisse First Boston Bank. Se trata de una persona destacada del ámbito financiero americano y una figura que llegó a tener cierto renombre en el mundillo de los grandes hombres de negocios que mueven la economía internacional.Sin entrar a desmenuzar pormenores y particularidades de la colosal estafa a las finanzas públicas que constituyó el abstruso y turbio "megacanje", lo cierto es que David Mulford fue llamado varias veces a prestar declaración indagatoria sin que hayamos visto de su parte, durante más de doce años, señales concretas de una voluntad de sometimiento o respeto a la Justicia argentina, cuyas decisiones –quiero creer- merecen igual consideración y acatamiento que las emanadas de cualquiera otra. Por el contrario durante todo ese tiempo nos hemos limitado a contemplar el variado abanico de habilidades y destrezas de sus abogados cada vez que se le fijaban audiencias para someterlo al interrogatorio de rutina. Pero a Mulford nunca llegamos a conocerle la cara. En 2012 el juez solicitó su captura internacional. Descuento desde ya, que la Sala pese a la decisión que tomó y por la expresa mención que hace del episodio, lamenta tanto como nosotros la ausencia del imputado. Y sin embargo, ahora se pretende que la acción penal respecto del que fue declarado prófugo ha caducado por el transcurso del tiempo. Sería injusto responsabilizar exclusivamente de esa morosidad a jueces y fiscales. Ni siquiera me parece que le quepa el sayo a los propios abogados, -defensores o patrocinantes- cuyo deber se circunscribe al servicio a sus clientes. Más práctico sería concentrar nuestra atención en la Ley. En esos Códigos (sustanciales o rituales) que piden a gritos que se los adapte al requerimiento de los tiempos y fijen, entre otras cosas, términos estrictos pero razonables para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso.

Moldes, usó la ironía para recordar que cuando se trata de ciudadanos estadounidenses es muy complicado hacerlos declarar en el país. "Y de pronto me pregunto: ¿era tal vez una cándida fantasía pretender que alguien como Mulford compareciera ante nuestros estrados a brindar explicaciones? Es posible que sí pero está visto que ni los duros golpes de la realidad consiguen hacernos resignar la inocencia. Lo digo porque todo esto me trajo a la memoria los avatares del caso IBM–Banco Nación de 1997 en el cual se solicitó la captura internacional de tres ejecutivos vinculados a la casa matriz de IBM, como consecuencia de sus reiteradas inasistencias a la citación a prestar declaración indagatoria por gravísimos hechos de corrupción. Sin resultados positivos por ese camino se tramitó la extradición y hacia finales de 1998 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó lacónicamente que no haría lugar a la misma e invitaba al Juez a tomar declaración allí. Creo recordar que finalmente, el juez Bagnasco dio por terminado el entredicho y se conformó con recibirles declaración como testigos a dos de ellos en Estados Unidos no obstante la firme oposición del fiscal Carlos Cearras".

Para finalizar su apelación Moldes dijo que " Traigo estos ejemplos a colación porque también en estos autos un ejecutivo y ex funcionario americano ha sido largamente requerido por nuestros estrados sin que la diligencia en cuestión haya podido concretarse ni su gobierno haya facilitado en modo alguno que ello ocurriera. La democracia necesita que todos aceptemos sus principios y el primero de ellos es el respeto al orden jurídico, que se integra de la obediencia a las leyes y a las resoluciones judiciales. Sin el respeto al orden jurídico todo el sistema se resquebraja; no hay diálogo ni acuerdo posibles si no se respetan las reglas de juego previamente aceptadas. Todas las Constituciones de los países civilizados consagran estas obligaciones elementales para la convivencia. Claro que hay ciudadanos, autoridades y hasta Estados que faltan a esas obligaciones, vulnerando el ordenamiento jurídico o desobedeciendo a los jueces, sustituyendo el principio de respeto al orden jurídico por otros supuestos valores que autorizan a quebrantarlo. Así, en el desorden del derecho, cuando las leyes se incumplen y las sentencias resultan estériles, solo hay injusticia, arbitrariedad y caos. El peligro resultante es mayúsculo porque cuando esa situación llega y se asienta, hasta lo que parecía imposible ayer, puede convertirse en probable hoy, por acción, omisión o reacción. Cuando un mandato emanado de un Tribunal a cuya jurisdicción, por el motivo que sea, nos hallamos sometidos adquiere firmeza y pasa en autoridad de cosa juzgada, no queda más que cumplirlo. Y ese es un camino de ida y vuelta ya que si por un lado no discrimina esa obligación entre tribunales locales y foráneos, menos admisible sería la distinción entre órganos jurisdiccionales pertenecientes a Estados débiles o poderosos, centrales o periféricos, industrializados o agrarios, desarrollados o emergentes. Un mínimo de buena fe exige que al menos los rudimentos de las leyes que rigen para los particulares en el ámbito interno se extiendan a las relaciones de la comunidad de naciones: las leyes, las sentencias y los mandatos judiciales deben ser acatados so riesgo de socavar los cimientos de la convivencia. Poco importa que la autoridad de las cortes y magistrados que dictan esas resoluciones emane de un tratado internacional o de un acuerdo de partes. Su obligatoriedad está fuera de toda duda".

Hace unos días la presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló de la deuda externa y de los tribunales, hizo referencia a este caso. El fiscal Moldes pidió que no sean sobreseídos los imputados y que Mulford siga bajo proceso.