"Claramente pueden embargar, de acuerdo a la decisión de carácter judicial". Con esa escueta frase, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que los bienes argentinos en el exterior son susceptibles de permanecer retenidos por distintos tribunales en tanto el gobierno argentino no cumpla con la sentencia de pago para los holdouts.
Por el momento, no se sabe qué activos argentinos pueden verse afectados. Ni siquiera el propio gobierno nacional lo sabe. "Son múltiples bienes de acuerdo a lo que determine el juez. Son de múltiples aspectos. Surge de la interpretación del alter ego y las particularidades de cada bien", explicó el funcionario en la conferencia de prensa que dio esta mañana en Casa Rosada.
De concretarse el embargo, se repetirá un panorama similar al que vivió la Fragata Libertad en Ghana, cuando fue retenida por tribunales de ese país al dar lugar a un recurso presentado por los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda propuesto por la Argentina.
El lunes, la Corte Suprema de los Estados Unidos descartó tomar la apelación argentina contra los fallos que habían favorecido el reclamo de los holdouts para cobrar la totalidad de los u$s1.330 millones reclamados. Pero ese día el tribunal también desestimó evaluar el llamado "
", la causa que autoriza a los acreedores a pedir a la Justicia que se revelen los bienes argentinos en el mundo para eventualmente solicitar un embargo que les asegure el cobro de lo adeudado.
Una vez más, Capitanich insistió en que "la voluntad de pago de la Argentina no puede ser puesta en duda por el juez (Thomas) Griesa ni por nadie", ya que "los acreedores que ingresaron voluntariamente al canje saben perfectamente que han recibido el pago". Pero advirtió que no podrán cumplir con el pago a bonistas previsto para el 30 de junio a menos que la Justicia norteamericana habilite otra medida cautelar que frene el embargo de sus depósitos en bancos de ese país. "El levantamiento del stay en general establece un problema respecto a la Argentina, porque las ordenes pari passu le impiden a la Argentina efectuar el próximo pago del 30 de junio a menos que en forma simultánea pague lo reclamado por los fondos buitre", concluyó.
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