El 25 de junio al mediodía comienza a definirse el futuro de Felisa Miceli, la ex ministra de Economía del kirchnerismo que se convirtió en la primera en recibir una condena. Fue porque en 2007 se encontró en su despacho una bolsa con 100 mil pesos y más de 30 mil dólares.
Ese día, a las 12.40, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para que las partes amplíen fundamentos y luego definir si confirma o no la condena a 4 años que se le impuso a la ex ministra en diciembre de 2012.
Miceli fue condenada por "encubrimiento agravado" de una supuesta maniobra financiera ilícita, y por la "sustracción y ocultamiento de documento público" porque desapareció el acta del hallazgo del dinero que labró la policía.
El hallazgo del dinero fue el 5 de junio de 2007 cuando en una recorrida de la Brigada de Explosivos se detectó una bolsa, en cuyo interior había 100 mil pesos y 31.670 dólares.
La Sala II de la Cámara de Casación está integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David. Este último está de licencia y algunas fuentes consultadas no descartaron que ello pueda obligar a postergar la audiencia que por ahora se mantiene para el 25 de junio próximo.
El fiscal de Casación Ricardo Wechsler ya pidió que se confirme la condena de Miceli y en consecuencia sean rechazados toda las nulidades que los abogados de la ex funcionaria plantearon en la causa.
En primer término, Wechsler avaló el accionar de los policías que dieron con el hallazgo, y rechazó que se haya tratado de una "indebida injerencia en un ámbito de privacidad exclusiva, de manera que no se verifica nulidad alguna".
"El acta en cuestión fue fechada, se han identificado con nombre y apellido los intervinientes, fue firmada por los funcionarios actuantes, y labrada por ante dos testigos de actuación quienes también la suscribieron previo control y lectura", acotó, según el recurso al que accedió Infobae.
Para la fiscalía los argumentos de la defensa con los cuales pretende revocar la condena "no logran desvirtuar lo plasmado en la sentencia" la cual –según él consideró- está "provista de fundamentos, mediante una correcta valoración de la prueba, que no permite descartar la responsabilidad de la imputada en el hecho, la cual ha sido motivada con una correcta adecuación al tipo legal".
Por último, Wechsler advirtió que "la fijación del monto de la sanción, mientras el tipo y la escala hayan sido respetados, es una tarea que se encuentra dentro de los poderes discrecionales del tribunal de juicio en la medida en que importa la ponderación de situaciones de hecho cuya apreciación es posible únicamente en el debate".
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