La Universidad de las Madres que quiere estatizar el Gobierno tiene un pasivo de $200 millones

Agosto de 2012. Llovían las denuncias que vinculaban al vicepresidente Amado Boudou con una maniobra para sacar de la quiebra a la empresa Ciccone y dejarla en manos de sus presuntos testaferros. En medio del escándalo, el Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto para declarar de utilidad pública a la fábrica de billetes y sumarla al erario de bienes del Estado.

Casi dos años después, el kirchnerismo intentará una jugada similar. Este miércoles se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados un proyecto para estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, organización que quedó en la mira tras el escándalo por la construcción de viviendas sociales de la Fundación Sueños Compartidos, presidida por Hebe de Bonafini e integrada por los hermanos Schoklender.

La Unión Cívica Radical denunció que la Universidad de las Madres tiene un pasivo de $200 millones, deuda de la cual se deberá hacer responsable el Estado en caso de que avance el proyecto oficialista.

El senador Ernesto Sanz aseguró que es "una vergüenza" que el Gobierno impulse la estatización de la Universidad. Denunció que no se cumplieron plazos legales y tampoco se pidió la opinión del Consejo Universitario, paso previo que siempre se ha hecho en la creación de otras facultades.

"Y lo que está en discusión es de dónde viene la deuda. Sergio Schoklender era el representante jurídico de la Universidad. Todo lo que hay alrededor de la Fundación de las Madres y de Sueños Compartidos está en una investigación judicial por aquel desfalco vinculado a las viviendas y el gobierno hace muy mal en mezclar todo esto", declaró el legislador en diálogo con radio La Red.

La iniciativa fue anunciada en diciembre por el ministro de Justicia, Julio Alak. El objetivo era que fuese tratada en sesiones extraordinarias, pero las turbulencias económicas no dieron respiro y recién ahora pudo realizarse el trámite legislativo. El dictamen ya pasó por el plenario de las comisiones de Educación y Derechos y Garantías luego de dos intentos fallidos en los que el kirchnerismo no pudo conseguir el quórum.

El proyecto propone la creación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo como "unidad funcional" dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, sobre la base de la actual universidad.

Además faculta al Gobierno a "instar los cursos de acción que resulten necesarios" para transferir las carreras, programas, alumnos, personal docente y no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos. Se formará un Consejo Consultivo que definirá "el marco filosófico y conceptual" y garantizará "la concepción democrática republicana".