Venezuela denunciará ante la Unasur la "injerencia" de EEUU

Jaua, quien asiste a la reunión de cancilleres de la Unasur que se celebra este jueves y este viernes en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, dijo a periodistas que también comunicará a los ministros y altos cargos que asisten a la cita la solicitud del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que se convoque una reunión del Consejo de jefes de Estado de Unasur.

En esa reunión, el Gobierno venezolano denunciará "el intento de derrocamiento violento" que sufre y la "injerencia" estadounidense por medio de la aplicación de sanciones aprobadas por su Senado, según el ministro, que las calificó de "ilegales, unilaterales injustificadas y violatorias" del derecho internacional.

Según Jaua, en la eventual cumbre de Unasur, Maduro desea "exponer a los presidentes la situación" que Venezuela ha atravesado y que ha "superado con la fortaleza de la institucionalidad democrática" y con el acompañamiento de Unasur, así como recabar el apoyo de los presidentes del bloque.

Cancilleres de la Unasur se encuentran reunidos en Ecuador

Para esa reunión deberán coordinarse previamente las agendas presidenciales, pero el titular de Exteriores venezolano confió en que la cumbre se celebre "a la brevedad".

El ministro, que destacó la labor de Unasur en el acompañamiento del diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, lamentó que ésta, "alentada" por sectores estadounidenses, haya "congelado" las conversaciones, pero dijo que la intención de Maduro es mantenerlas.

Sobre la petición de la oposición al Gobierno para que haga un gesto que demuestre su interés en reanudar el diálogo, Jaua señaló que esa solicitud no puede hacerse "en base a la inhabilitación del Estado venezolano" para garantizar el orden público, la paz y la democracia.

A su juicio, tampoco se puede plantear esa petición para "contribuir a la impunidad" contra "violadores de derechos humanos" como el "responsable de la masacre del 11 abril de 2002", a quien no citó.

La oposición pide una medida humanitaria en favor del comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de cárcel por dos de los 19 asesinatos registrados en esa fecha, durante el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, el fallecido Hugo Chávez.