México: la Fiscalía recurre cada vez más al espionaje para descubrir alcaldes narcos

En 2013 los pedidos a magistrados para escuchar comunicaciones llegaron a 1.270, casi cuatro por día, mientras que en 2012 sólo se habían solicitado 631, lo que evidencia que se incrementaron, en un año, más del doble, según revelaron fuentes judiciales de México para la agencia ANSA.

Este año, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal habían requerido, hasta el 21 de abril, 489 intervenciones. Al cierre de 2014, fácilmente se podrían rebasar las 1.500, de acuerdo con las fuentes.

A principios de 2014, el procurador Jesús Murillo se reunió en privado con jueces y magistrados federales en materia penal, a los que aseguró que la dependencia favorecería las intervenciones por encima del arraigo.

El arraigo es una práctica controvertida que equivale a un arresto domiciliario en un búnker policial y fue cuestionado por organizaciones humanitarias, que lo calificaron como un "secuestro disfrazado".

A contrapelo del empleo del espionaje consentido por los jueces, el uso del arraigo domiciliario de sospechosos se redujo drásticamente durante los últimos meses y, de hecho, Murillo se pronunció a favor de eliminar esta figura.

El martes, Jesús Cruz Valencia, alcalde de Aguililla, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Michoacán. Fue acusado por el delito de delincuencia organizada debido a sus nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Cruz Valencia es el cuarto alcalde de Michoacán en ser detenido. La PGR arrestó, a fines de abril, a Arquímides Oseguera Solorio, alcalde de Lázaro Cárdenas, por supuestos nexos con el crimen organizado, extorsión y secuestro. El 3 de mayo, un juez le dictó auto de formal prisión y actualmente está recluido en el penal de Mil Cumbres.

Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán, fue separado de su cargo el 15 de abril, luego de ser arrestado por la PGR por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Cuatro días después, un juez dictó el auto de formal prisión al encontrarlo culpable de extorsionar a regidores de su municipio para dar una cuota mensual a Los Templarios.

También en abril, la PGR ordenó la captura de Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, por el delito de peculado. Se comprobó que utilizó maquinaria pesada con un valor de 2 millones de pesos mexicanos para su beneficio.