Tras la represión a estudiantes, el diálogo quedó en jaque en Venezuela

El encuentro entre los dirigentes de la oposición venezolana, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y representantes del Gobierno se pospuso la semana pasada. Pero en su lugar, las fuerzas de seguridad descargaron todo su poderío contra cuatro campamentos que el movimiento estudiantil mantenía en varios puntos de la capital del país.

El megaoperativo policial y militar terminó con 243 jóvenes detenidos, entre ellos 18 adolescentes y una mujer embarazada, aunque de esa cantidad 108 ya fueron liberados. En la mayoría de los casos de quienes siguen arrestados sus familiares y allegados ignoran dónde permanecen apresados los jóvenes y cómo están ellos.

Pero este "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad no pasó inadvertido para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, que a través de su vocero cuestionó severamente la actitud oficial y le pidió a la administración de Nicolás Maduro que respete los derechos individuales.

Sin embargo, la oposición confía en obtener algunos logros en la mesa de diálogo mediada por la Unasur y el Nuncio Apostólico. Así se lo comentó al periódico El País, de Uruguay, el presidente del Partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, uno de los sectores que integra la MUD y que participa directamente en los encuentros con el chavismo.

"Yo asumo la mesa de diálogo como un frente de lucha, y todo lo que se pueda conquistar allí serán logros. Aunque me preocupa mucho que no se logre lo fundamental, que es la reinstitucionalización de los poderes públicos como establece la Constitución", dijo Enríquez.

Por lo pronto, hay firmes esperanzas de que el primer logro sea la liberación del ex comisario Iván Simonovis, uno de los presos políticos más antiguos del régimen chavista. Su deteriorado estado de salud lo colocó en el primer lugar de la lista de "caso a caso" que el gobierno de Maduro se mostró dispuesto a revisar, en vez de aceptar una ley de amnistía general para los detenidos políticos.

No obstante, en el resto de la agenda no se ha registrado el más mínimo avance. "Donde yo sí estoy sintiendo un estancamiento es en el caso de la comisión de la verdad. Había hecho un preacuerdo para armar una comisión de la verdad de carácter no parlamentario, pero sentimos que por allí ha habido una actitud hostil de algunos sectores del Gobierno para constituir una comisión de la verdad creíble", agregó el dirigente opositor.

La denominada "Comisión Nacional de la Verdad" que impulsa la oposición se plantea integrada por figuras independientes y de alto prestigio nacional e internacional, y su tarea será investigar las 42 muertes registradas desde el surgimiento de las protestas, las denuncias por torturas y abusos y las detenciones arbitrarias, entre otras cosas. El Gobierno había conformado una comisión integrada netamente por miembros del chavismo, comenzando por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

El dirigente democristiano estimó que un fracaso del diálogo -algo a lo que según él parece apostar el Gobierno- llevaría a Venezuela a un riesgo de peligro para todo el continente. "Creo que Unasur tiene un papel determinante, y que está jugándose su prestigio si el proceso de diálogo fracasa".

Algunas liberaciones

Un tribunal decidió otorgar la libertad condicional a 108 de los 243 jóvenes que habían sido detenidos el jueves durante la brutal represión contra cuatro campamentos organizados por estudiantes opositores.

La audiencia comenzó el sábado al mediodía y se extendió hasta horas de la noche, cuando el juez decidió otorgar la libertad condicional para 108 jóvenes, que deberán presentarse ante los tribunales cada 15 días, mientras otros 12 seguirán detenidos.

La decisión fue recibida con algarabía por los familiares de los manifestantes, que se encontraban en los alrededores del Palacio de Justicia esperando un fallo favorable.

Los jóvenes fueron privados de su libertad cuando el Gobierno allanó y desmanteló cuatro "campamentos de la libertad" ubicados en el este de Caracas, donde el movimiento estudiantil realizaba una manifestación para exigirle a la administración de Maduro que frene la represión contra el movimiento de protestas antigubernamental que estalló en febrero.

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, defendió el operativo contra los campamentos de la "extrema derecha" alegando que desde los mismos se planificaban actos "terroristas". "Se planificó un trabajo para levantar estos campamentos debido a que se tenían evidencias que desde estos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar cabinas de metro (subterráneo) y patrullas de la Policía, y enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", aseguró el funcionario.

Presión de EEUU

La comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios señalados por violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de opositores en Venezuela.

El borrador de ley le pide al presidente Barack Obama que ordene la congelación de bienes en Estados Unidos y prohíba la entrada a ese país a responsables de violar derechos humanos de manifestantes en Venezuela, y de impedir a periodistas y ciudadanos informar sobre las protestas.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, autora del proyecto, señaló que la aprobación "le envía un fuerte mensaje al presidente Maduro que el Congreso de Estados Unidos está pendiente de las atrocidades cometidas por su régimen, y que enfrentará las consecuencias".

El voto en la comisión de la cámara baja se produjo al día siguiente de que la subsecretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, reiterara el rechazo del gobierno estadounidense a imponer sanciones, alegando un pedido de la oposición.

Durante un testimonio ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jacobson dijo que la imposición de sanciones en este momento sería "contraproducente" y le daría al gobierno de Caracas, que acusa a Estados Unidos de apoyar las protestas, una

de Washington.