¿Por qué países con ley de medios tienen menos libertad de prensa?

Hugo Chávez fue pionero en poner a los medios de comunicación en el centro de la escena. Desde su llegada a la presidencia de Venezuela, en 1999, denunció que la "prensa burguesa" no permitía la expresión de los intereses del pueblo y comenzó a aplicar cambios en las regulaciones.

En noviembre de 2004, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), que le dio al Gobierno un enorme poder de control sobre los medios.

Cristina Kirchner siguió el ejemplo de Chávez. Tras varios meses de enfrentamiento verbal con los diarios y cadenas de noticias críticos, consiguió en octubre de 2009 que el Congreso sancionara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Si bien la norma es mucho menos restrictiva que la venezolana, su aprobación marcó el inicio de una intensa campaña gubernamental para copar los medios de comunicación. A través de la asignación alevosamente discrecional de la pauta publicitaria y de la compra de diarios, radios y canales por inversores cercanos al Gobierno, creó una importante red de medios oficialistas.

El último en sumarse al club fue Rafael Correa, que asumió la presidencia de Ecuador en 2007 con la propuesta de la Revolución Ciudadana en contra de los poderes tradicionales. Su Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio de 2013, fue probablemente la más ambiciosa de todas.

Estos gobiernos que prometieron democratizar los medios de comunicación y promover una "verdadera" libertad de prensa, son paradójicamente los que más denuncias por hostigamiento recibieron. Cientos de periodistas y distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU o su equivalente de la OEA, han señalado reiteradamente los problemas que existen en estos países.

Pero un parámetro más preciso que las denuncias es el ranking de libertad de prensa que publica todos los años la ONG Freedom House, fundada en 1941 para defender las libertades políticas y los derechos humanos en el mundo.

El índice le asigna un puntaje a los 197 países que releva. Al máximo posible de libertad le otorga 0, y al mínimo, 100. Los puntos que obtiene cada país son decididos por un grupo de 60 especialistas locales e internacionales que consultan estadísticas, periodistas y otras organizaciones para otorgarle una calificación a cada una de las 23 categorías establecidas. Así se llega al número final.

Si se consideran los últimos diez años, se ve que Venezuela, la Argentina y Ecuador retrocedieron en el ranking. El primer paso atrás fuerte de Venezuela se registró a partir de 2004, cuando se sancionó la Ley Resorte. Desde ese momento hasta 2014 subió de 68 a 78 puntos.

En el caso argentino, los diez años abarcan casi todo el período kirchnerista, que comenzó en 2003. El empeoramiento fue aún más notable, ya que el país comenzó con 35 puntos en 2004 y llegó a 2014 con 51. Curiosamente, tras una leve mejora entre 2007 y 2008, a partir de 2009, con la sanción de la ley de medios, volvió a retroceder.

Pero el ejemplo más drástico de los tres es el de Ecuador. Luego de cuatro años estabilizado en torno a los 40 puntos, desde 2008 -un año después de la llegada de Correa al poder- no paró de retroceder. Terminó en 2014 con 78 puntos, casi el doble que seis años antes.

La diferencia entre estos tres países y los mejor ubicados en América Latina es muy grande. Sin tener a la comunicación como una prioridad de sus gobiernos, y sin hacer grandes modificaciones en la legislación, Costa Rica, Uruguay y Chile muestran un respeto mucho más elevado a la prensa. Especialmente el país centroamericano, que con 18 puntos se ubica en el puesto 22 a nivel mundial.

Dos modelos de periodismo

"Hay un lucha entre dos modelos. Uno que concibe a la libertad de expresión como un ámbito irrestricto de autonomía individual, donde el mercado es quien debe regular. Es el que priman en Perú, Chile, Colombia y México", explica Omar Gerardo Rincón, comunicador social por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y profesor de la Universidad de los Andes, consultado por Infobae.

"El otro modelo -continúa- dice que la expresión es un derecho colectivo y que los medios de comunicación son un bien escaso que el Estado debe controlar para que haya más equidad. Ambas perspectivas son válidas".

Los países que sancionaron leyes de medios en estos años se inscriben en el segundo modelo. El problema es que no regularon los medios en favor del bien común, sino en el de ellos mismos.

"Hicieron normas de control de contenidos, no de libertad de prensa. El argumento que esgrimen es que hay un periodismo de mala calidad, que no cuenta la verdad del gobierno. Eso va totalmente en contra de la libertad de expresión, que defiende, incluso, la mala calidad periodística, porque es un derecho humano fundamental de la democracia", dice Rincón.

"Figuras como el linchamiento mediático, con una comisión que investiga cómo se informa (creadas por la Ley de Comunicación de Ecuador) atentan contra la libertad. Estos gobiernos quieren disputarle a los periodistas la propiedad de la libertad de expresión. Su idea es que les pertenece a ellos porque son los representantes de la mayoría", agrega.

Para la investigadora venezolana Luisa L. Rangel, miembro del International News Safety Institute (INSI), en los últimos 20 años se vivió un proceso de democratización en la mayor parte de América Latina. Pero en el mismo período, Venezuela involucionó.

"Cuando en el resto de la región se mantenían mecanismos de penalización a la libertad de expresión, en Venezuela no había. Pero ahora se volvió a penalizar el delito de calumnia, cuando este tipo de restricciones ya no existen en casi ningún país. Además se creó una figura que no existía desde el siglo XIX, una protección especial para ciertos funcionarios públicos como el presidente y los militares", dice Rangel, en diálogo con Infobae.

"La Ley Resorte estableció severas limitaciones a la libertad de expresión, como mecanismos de censura previa", agrega.

La especialista cuenta que en un primer momento el control de lo que se publicaba en los medios se dio a través de cambios en las regulaciones. Pero luego se pasó a una segunda etapa, la compra de medios independientes por empresarios cercanos al gobierno. El primer caso fue el del sitio Noticias 24, pero el más resonante fue el de Globovisión, que de ser el único canal de televisión crítico, pasó a estar totalmente alineado con el oficialismo gracias al despido de sus principales periodistas.

Que en el resto de los países latinoamericanos no haya problemas tan serios y esté garantizado un mínimo de libertad no significa que no haya inconvenientes.

"Aunque no se aplique, hay legislación que queda de la época autoritaria -dice Rangel- y hay que hacer avances en esa materia. Hay una excesiva confianza en la progresividad de los procesos de democratización y se confía en que la situación de la prensa va a mejorar por sí sola. Pero habría que revisar las legislaciones para democratizar los medios".

"El problema es que como no hay ninguna premura en este terreno, es un tema que no está en el tope de la agenda legislativa", agrega.

Aún en los países en los que hay amplias garantías para el trabajo periodístico, hay una serie de vicios que afectan gravemente la libertad de prensa. "En todos, de derecha y de izquierda, la pauta publicitaria se utiliza como premios y castigos. En muchos casos se judicializa el trabajo periodístico, con denuncias de desacato. Hay medios de comunicación más interesados en ejercer la libertad económica o su actuación política que a informar", dice Rincón.

"Pero lo más grave es la

. Funcionarios públicos y empresarios

, impiden que accedamos a la información y

", concluye.