¿Cómo se soluciona el problema de las villas?

En 1950 vivía en ciudades sólo el 41% de la población latinoamericana. Medio siglo después, la proporción se duplicó y ya supera el 82 por ciento. En términos absolutos, el incremento fue mucho mayor.

El desarrollo de la infraestructura urbana estuvo muy por detrás de ese proceso, lo que empujó a millones de personas a instalarse en barrios precarios y asentamientos informales que no cumplen con condiciones mínimas de seguridad. Son las favelas en Brasil, las villas miserias en Argentina y las ciudades perdidas en México.

Tras más de una década de crecimiento económico y reducción de la pobreza, los países de la región no pudieron mejorar la calidad habitacional de los sectores populares.

Comunidades en riesgo

La población en los asentamientos populares es, antes que nada, una población en riesgo. Por lo precario de las construcciones, por estar asentados en zonas muy contaminadas, o por la presencia de bandas criminales.

"Uno de los principales problemas son las malas condiciones ambientales. Ocurre en el Riachuelo, en Buenos Aires, Argentina, donde la cuenca está sumamente contaminada. O en Medellín, Colombia, donde hay riesgos de deslaves", explica Antonio Azuela, doctor en sociología por la Universidad Autónoma de México y especialista en estudios urbanos, consultado por Infobae.

Pero hace tiempo que un tema acaparó la atención de los ciudadanos más que cualquier otro. "Desde 2007 hasta ahora, más seguridad es la principal demanda de los latinoamericanos", cuenta a Infobae el arquitecto ecuatoriano Fernando Carrión, maestro en Desarrollo Urbano Regional.

Ese reclamo es mucho más fuerte en las villas y favelas, donde por el accionar del crimen organizado se generalizan la venta de drogas, los ajustes de cuentas y los robos que amenazan la vida de los vecinos.

Esta cotidianidad es estremecedoramente descripta por Ciudad de Dios, el film brasileño dirigido en 2002 por Fernando Meirelles. A través de distintos relatos verídicos reconstruye la vida de los jóvenes en una favela de Río de Janeiro, donde la violencia se presenta como el principal canal de vinculación entre las personas. Su retrato no dista mucho de lo que se vive todos los días en muchos asentamientos de las principales ciudades latinoamericanas.

"La película cuenta una historia política de la favela, en la que el narcotráfico se apodera de las instituciones locales y somete el barrio a su control. Eso es real", dice Azuela.

¿Pero por qué estos barrios están más expuestos que los acomodados a sufrir la acción de bandas criminales? "A veces influye un problema urbanístico -responde el sociólogo-, como lo angosto del trazo de las calles y la presencia de pasadizos. Esto de alguna manera favorece el crimen. Pero lo más importante es cómo se relacionan las comunidades con el Estado".

Al poseer menores recursos económicos, políticos y simbólicos que los sectores medios y altos, los pobres tienen una menor visibilidad en la agenda gubernamental. Eso puede favorecer que la presencia policial en las barriadas populares sea mucho más esporádica. Y que cuando esté, no siempre sea para servir a la comunidad.

"Hay un problema de ausencia del Estado -dice Carrión-, que se expresa principalmente en la absoluta incapacidad de respuesta para generar seguridad. El desprestigio que tienen las policías en América Latina está muy claro, y lo mismo pasa con la justicia. Esto ha contribuido a que la gente empiece a desarrollar formas de justicia por mano propia, o busque apoyarse en distintas formas de guardianía civil".

"Las bandas del crimen organizado y del narcotráfico -continúa- imponen sus propios criterios de justicia, y reemplazan a las leyes por códigos de fuerza. Frente a la ausencia del estado, la norma que impera es la ley del más fuerte".

Soluciones posibles y modelos exitosos

Medellín, un ejemplo a seguir

Las intervenciones del Estado sobre estos barrios deberían estar guiadas por un principio básico: reducir el riesgo de vida que enfrentan sus habitantes.

Para eso es necesario empoderar a los gobiernos locales, porque ellos son los que están en contacto con los vecinos, los que les rinden cuentas.

América Latina avanzó mucho en descentralización a lo largo de las últimas décadas. "En 1985 sólo 8 países elegían a las autoridades locales. Hoy lo hacen todos. Por eso mejoraron la representación de la población, los recursos y las competencias. Esto favorece la posibilidad de desarrollar un urbanismo ciudadano", dice Carrión.

La primera medida para reducir los riesgos asociados a la precariedad es decidir qué asentamientos o qué partes pueden ser mejoradas en el mismo lugar, y cuáles deben irse por ser inhabitables. Para eso es fundamental el diálogo entre los gobiernos locales y los vecinos.

"Hay que ver qué espacios de las villas se pueden urbanizar y cuáles no. Personalmente defiendo que los asentamientos permanezcan, pero hay zonas que deben ser erradicadas por el riesgo. Es una decisión política difícil y ardua, que debe tomarse con sabiduría y firmeza", explica Azuela.

Medellín es un ejemplo exitoso de soluciones prácticas y originales a los problemas de las barriadas populares. Las iniciativas comenzaron durante el gobierno de Sergio Fajardo, que asumió la alcaldía en 2004.

En la ciudad había un asentamiento sobre un basurero, que un día se incendió y destruyó gran parte del barrio. El resultado fue tan catastrófico que la comunidad tomó conciencia de que no podía haber tantas personas viviendo en condiciones tan aberrantes.

"Una de las cosas que hizo el gobierno -cuenta Azuela- fue crear un centro cultural diseñado por el mejor arquitecto del país en medio del asentamiento. En él se realizan todo tipo de talleres, y se dan programas antidrogas. Como ocupa dos manzanas, se tuvieron que ir muchas personas que vivían en ese espacio. A la entrada del centro, se puede ver en un vidrio la lista con los nombres de quienes vivían y ahí y aceptaron ser removidas".

El famoso teleférico de Medellín

"Para hacer bienes públicos es necesario reconocer que algunos van a tener que sacrificarse, pero que la sociedad los va a recompensar. Por eso hay que rendirles homenaje. Forma parte de un pacto social que requiere un trabajo político de convencimiento", agrega.

Otra de las políticas públicas prioritarias debería ser combatir la segregación espacial según el poder socioeconómico. Eso requeriría aplicar ciertas políticas regulatorias.

"El capital inmobiliario opera según criterios de ganancia. Si no hay intervenciones estatales que compensen un poco las desigualdades, hay poblaciones que van a estar cada vez más segregadas, como islas en el espacio urbano", dice Azuela.

"El mercado tiene un lugar muy importante -continúa-, pero cuando los estados dejan toda la iniciativa a lo que proponen los promotores inmobiliarios, tienen la villa de un lado y el centro comercial del otro, dedicado a consumidores que no son de la villa. La administración pública puede promover los espacios intermedios".

El transporte también incide sobre la segregación o la inclusión. En Medellín la mayor parte de los asentamientos se alzaban en las laderas de los cerros, y hasta allí no llegaba ningún medio de transporte. Los vecinos estaban asilados.

La respuesta de Fajardo fue construir un teleférico que comunica el centro de la ciudad con el corazón de la barriada. El resultado fue muy positivo, porque contribuyó a unir a una urbe que estaba fragmentada.

El conjunto de políticas implementadas en Medellín tuvo otra consecuencia muy valorada:

. Al integrar al resto de la ciudad a sectores antes excluidos, y al favorecer el ingreso del Estado para regular,

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