El BCRA apura una ley para blindarse ante una eventual ola de juicios tras el fallo de la Corte

El fallo del máximo tribunal de Justicia a favor de una empresa que se había quejado por los gravámenes que le cobraba el Gobierno despertó preocupación en las autoridades nacionales y en el interior del Banco Central, que ya trabajan en distintas alternativas para morigerar el impacto desfavorable que podría tener la medida en las arcas públicas.

Y es que si bien la sentencia de la Corte Suprema refiere a un caso puntual -una pesquera que reclamó por las tasas que Nación percibió durante siete meses de 2002 -, abre la puerta a que otras compañías y productores puedan hacer presentaciones similares ante las retenciones que se les cobren por un mero decreto.

El Gobierno siempre consideró que las objeciones que podían hacerse a los impuestos fijados sin aprobación del Congreso quedaban salvadas con la Ley de Legislación Delegada y sus sucesivas prórrogas: paquete de normativas que cede al Poder Ejecutivo una serie de facultades del Legislativo. Pero esa interpretación fue invalidada por la Corte.

Ante el temor de una avalancha de juicios que afecte la recaudación, distintos dirigentes y funcionarios estudian desde la semana pasada qué impuestos fijados a través de decretos y resoluciones deben ser convertidos en ley para evitar inconvenientes.

Desde hoy, además, los abogados del Banco Central comenzarán a concebir un posible paquete de leyes para resguardarse ante los efectos colaterales del fallo, publica el diario Ámbito Financiero. De acuerdo al matutino, gran parte de las resoluciones firmadas por el actual presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, son legislación delegada, lo cual aviva la expectativa de múltiples estudios de letrados.

Esas regulaciones son cruciales para la actividad de los bancos, especialmente cuando les marcan los pisos y los límites a la cantidad de activos que están habilitados a conservar en moneda extranjera, añadió el matutino.

Los abogados ya están al tanto de que los contribuyentes podrían pretender la repetición de los derechos aduaneros mal ingresados en los últimos cinco años. En el Código Aduanero ese plazo comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente. Por esa razón podrían aspirar a obtener la devolución de lo ingresado en el lapso 2009-2014.