Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua, así como José David Cabello, hermano del presidente del congreso venezolano Diosdado Cabello, y los generales de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados en la represión en Venezuela encabezan la lista de personas a ser sancionadas en una resolución que prepara el Senado de Estados Unidos, según informaron fuentes cercanas al proceso en un artículo del diario Nuevo Herald.
En el listado se incluyó a un venezolano considerado como testaferro del Vicepresidente del área Económia, Rafael Ramírez, y que viviendo en el sur de Florida maneja una gigantesca fortuna, explicó una de las fuentes de Washington, que habló bajo condición de anonimato.
"En una primera ronda aparecen cerca de unas 30 personas. En la lista final, aparecerían ciento y pico, pero esta primera ronda está centrada en la corrupción, en los represores y en quienes financian los colectivos", señaló el informante.
Como uno de los posibles sancionables, en la iniciativa del Senado figura el nombre de José David Cabello, quien se ha convertido en una influyente pieza en el engranaje del régimen que ha ido creciendo a la sombra de su hermano Diosdado. Lleva tiempo desempeñándose como jefe de la agencia de recolección de impuestos de Venezuela y recientemente fue designado como ministro de Industrias.
Otro de los polos de la corrupción identificados por los cables filtrados de WikiLeaks es Rafael Ramírez, quien, además de Vicepresidente del área Economía, es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela.
También está Diego Salazar Carreño, un primo de Ramírez que, según los asesores de los legisladores, también se ha convertido en uno de los hombres más ricos de América Latina. "La fortuna a su nombre ya no puede ser medida en cientos de millones de dólares", dijo una de las fuentes consultadas, quien aseguró que Salazar tiene propiedades y reside ocasionalmente en Palm Beach.
Pero sobre todo la mira está puesta sobre El Aissami, funcionario chavista que mantiene estrechos vínculos con los colectivos y uno de los dirigentes más cercanos a Teherán y promotores de la presencia de Hezbollah en Venezuela, según Washington.
Uno de sus más cercanos colaboradores, Samar López, quien según las fuentes es uno de los testaferros del gobernador de Aragua, también fue incluido. Entre las obligaciones de López estaría la de financiar directamente los grupos paramilitares que están detrás de gran parte de la violencia contra los manifestantes.
Además, quienes preparan el informe están poniendo mucha atención en la oficialidad de la Guardia Nacional y en quienes encabezan los distintos Comandos Regionales que acumulan el mayor número de denuncias de violaciones de derechos humanos. Algunos de los generales investigados tienen familiares con propiedades en Estados Unidos, afirmaron las fuentes. El comandante de la Guardia Nacional, el general mayor Justo Noguera, y el jefe del Comando de Operaciones, el general Antonio Benavides Torres, están bajo la lupa de las investigaciones.
En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, la lista que está siendo preparada en el Senado sería presentada ante el Departamento del Tesoro, que se encargaría de aplicar las sanciones. Sin embargo, la congresista Ros-Lehtinen afirmó que la administración del presidente Barack Obama está actualmente facultada para imponer las sanciones por su propia cuenta, sin tener que esperar la resolución del Senado.
"La mejor ruta es que el presidente, usando los poderes que él ya tiene, imponga estas restricciones. El ya lo ha hecho con Sudan del Sur, con Irán y con Siria y con otros países y no entendemos por qué el caso de Venezuela no merece ese trato", comentó Ros-Lehtinen.
Marco Rubio, senador republicano por Florida, uno de los principales promotores del proyecto de ley en la cámara alta, contó que en el Congreso de Estados Unidos se está conformando un consenso bipartidista cada vez más dispuesto a actuar para ayudar a millones de venezolanos que están siendo víctimas de la opresión.
La iniciativa, que congelaría las millonarias cuentas de altos personajes del chavismo y de sus testaferros, forma parte de los esfuerzos de legisladores estadounidenses para ayudar a la población venezolana que, desde febrero, protesta diariamente en las calles contra el chavismo y la fuerte represión ha dejado un saldo de 41 muertos, cerca de 700 heridos, decenas de torturados y más de 2.000 detenidos.
"Cada día hay individuos que están sufriendo a manos del gobierno, a manos de estos colectivos, que realmente son organizaciones paramilitares al estilo cubano que son utilizados para oprimir a un pueblo", expresó Rubio, quien estuvo acompañado por el otro senador de Florida, el demócrata Bill Nelson.
"Cuando regresemos a Washington en dos semanas, esperamos una audiencia pública de todo el Comité de Relaciones Exteriores para analizar el tema de Venezuela y al que vamos a invitar a figuras de la oposición para que den su testimonio sobre la realidad venezolana", agregó. Entre las personas invitadas estaría la diputada opositora María Corina Machado.
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