Vitrinas desnudas, tiendas sin mercancía, horarios reducidos, instalaciones en deterioro: los centros comerciales en Venezuela trabajan a media máquina resultado de numerosos controles gubernamentales en la distribución de divisas, porcentaje de ganancias y arrendamiento de locales.
En el país con las mayores reservas petroleras mundiales y donde el consumismo desenfrenado supo ser norma por décadas --incluso bajo el socialismo chavista-- hoy los centros comerciales más lujosos abundan en negocios cerrados, los que abren exhiben anaqueles semivacíos y la sensación de "pueblo fantasma" se refuerza semana tras semana.
"Los centros comerciales son como una fachada del país y quien venga a Venezuela se dará cuenta de que de 2013 a como estamos ahora ha habido un deterioro del sector, hay un caos", comenta Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo).
El sector da trabajo a 586.000 personas, por lo que Itriago no duda en lanzar un alerta sobre el golpe que implicaría el colapso de este sector para la economía venezolana, aquejada ya por una inflación de 57% y un magro crecimiento.
En las últimas semanas, representantes de los centros comerciales y de los sectores calzado y textil se han reunido con el presidente Nicolás Maduro y representantes de su gobierno en un intento por llegar a acuerdos que les den viabilidad.
La "guerra económica"
La escasez de alimentos y productos básicos es un mal crónico en Venezuela pero los centros comerciales --como era de esperar en un país petrolero-- habían permanecido inmunes, con tiendas rebosantes en mercancías, incluidas renombradas marcas internacionales y productos de lujo.
El cambio se aceleró desde noviembre, luego que Maduro, emitió leyes que controlan el comercio y lanzó un operativo de rebajas compulsivas de hasta 70% en los precios, desde electrodomésticos hasta tornillos, pasando por ropa y calzado.
En el marco de una denunciada "guerra económica" de la oposición y el sector privado contra el gobierno, se sancionó la llamada "ley de precio justo", que limitó las ganancias comerciales a 30%.
"Con las rebajas nos hemos quedado sin nada, sacamos lo último que teníamos y no tenemos fecha para la llegada de nuevas prendas", explica la encargada de una tienda de la popular franquicia Zara.
Esta tienda ubicada en una plaza del este de Caracas, que diariamente tenía a mujeres de todas las edades haciendo largas filas cargadas de ropa, luce unas cuantas prendas en un rincón mientras los empleados --cuyos salarios se han reducido al perder los bonos por ventas-- matan el tiempo con sus teléfonos celulares.
Reponer mercancía es una ardua tarea en Venezuela, que importa la gran mayoría de los bienes que consume, en medio de un control cambiario que entrega a cuentagotas los dólares.
La existencia de tres tipos de cambio oficial, que van de 6,30 a casi 50 bolivares, además del ilegal mercado paralelo, que a mediados se abril supera los 60 bolivares, complica el panorama.
"Para importar, pedimos dólares, pero no siempre nos autorizan la cantidad que necesitamos y antes completábamos con dólar paralelo, pero con esto del control de precios es imposible seguir así", dice el encargado de otra tienda, que pide no ser identificado.
La "ley de precio justo" tiene confundidos a los comerciantes, especialmente aquellos que importan bienes y mercancías, reconoce Profranquicias, que reúne a 500 empresas y 12.800 establecimientos.
"Pretender que quien vende hamburguesas tenga la misma utilidad que la empresa que vende tornillos o ropa o zapatos es imposible. La utilidad de una empresa tiene que ver con muchas cosas, sobre todo ante una inflación tan alta", sostiene José de Martín, presidente de la junta directiva de Profranquicias.
"No funciona", "en mantenimiento", "cerrado"
"Fuera de servicio, se requieren piezas importadas", advierte un letrero en las escaleras mecánicas de un lujoso centro comercial caraqueño, que también tiene cerrados la mitad de los baños por falta de recursos para su limpieza.
Es que en otro frente de la "guerra económica", Maduro emitió un decreto que establece en el equivalente de cuatro dólares mensuales (a la tasa del paralelo) el arrendamiento comercial máximo por metro cuadrado. También se ordenaron fuertes rebajas en los cobros por mantenimiento a los comerciantes de los centros comerciales.
"Todos estos controles han hecho que la operatividad del centro comercial se vea totalmente afectada y si esto no cambia, nuestro sector se hace inviable", reconoce Itriago, quien sin embargo no puede dejar de expresar que se siente "positiva" ante las pláticas con el gobierno.
El deterioro de los centros comerciales impacta duramente la vida cotidiana, subraya De Martín y evoca la sensación de "seguridad" que ofrecen en un país con el segundo mayor índice de homicidios mundial.
"Los centros comerciales son un refugio, un lugar seguro donde las familias se reúnen, hacen sus compras, comen, van al cine. Estamos sufriendo una pérdida en calidad de vida como consecuencia de un enfoque equivocado", concluye el presidente de Profranquicias.
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