Según informó la policía, fueron recibidos por su presidente, Maria das Graças Foster, quien procedió a cumplir "inmediatamente" la orden de entregar la documentación. Además de la acción en la sede de Petrobras en Río, la fuerza de seguridad ejecutó 23 órdenes de prisión y búsqueda de documentos en las ciudades de San Pablo, Río, Campinas, interior de San Pablo, y Macaé y Niterói, interior de Río de Janeiro.
La operación, denominada "Lavado a Chorro", salió a la luz el pasado 17 de marzo, cuando fueron cumplidas órdenes judiciales de detención de sospechosos y de búsqueda y aprehensión de documentos en 17 ciudades del estado de Paraná, entre ellas la capital provincial Curitiba, además de en urbes de otros seis estados.
Según las primeras investigaciones, la red ilegal involucra personas vinculadas al mercado clandestino de cambio de divisas en Brasil. En el marco del operativo fue detenido, entre otros, el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, de quien se sospecha que actuó perjudicando a la estatal junto al cambista Alberto Youssef, apuntado como uno de los líderes de la maniobra ilegal, quien también está preso.
Entre otros presuntos nexos, se sospecha que Youssef depositó millonarias sumas de dinero en la cuenta bancaria de una de las empresas del ex directivo de Petrobras, la Costa Global. Otro sospechoso de participar en el esquema ilegal es el diputado oficialista André Vargas, quien según la revista semanal Veja intermedió para que el Ministerio de Salud firmara un contrato por unos 443,8 millones de reales (unos 193 millones de dólares) con una empresa ficticia vinculada a Youssef.
Asimismo, el diario Folha de Sao Paulo denunció que al menos nueve proveedores de Petrobras depositaron 34,7 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en la cuenta de otra empresa de Youssef, la MO Consultoría. La policía sospecha que el dinero sirvió para pagar sobornos a empleados de Petrobras y políticos. La catarata de denuncias de irregularidades contra uno de los más importantes entes estatales de Brasil llevó a que se tramite en el Congreso Nacional la creación de una comisión para investigar los hechos.
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