El presidente de Ecuador, Rafael Correa, posesionó este lunes a antiguos colaboradores en nuevos cargos, tras la "crisis de gabinete" que planteó luego de las elecciones seccionales del 23 de febrero.
Los medios locales pusieron el foco en la investidura del ex presidente del directorio de la Seguridad Social y alto dirigente del oficialismo Fernando Cordero como nuevo ministro coordinador de Seguridad, en reemplazo de Homero Arellano.
Cordero anunció su renuncia hace poco por "razones personales", en medio de una polémica por la afiliación de trabajadores autónomos, pero ahora se unirá al gabinete. Su anterior puesto quedó en manos de Víctor Hugo Villacrés.
Otros
cambios destacados fueron los del ex director del Servicio de Rentas Internas Carlos Marx Carrasco como nuevo ministro de
Relaciones Laborales, y el retorno de
Vinicio Alvarado a la Secretaría
de la Administración Pública. El
mandatario también oficializó a la ex candidata a la alcaldía de Guayaquil Viviana Bonilla como nueva
secretaria de Gestión Política; a Paola Carvajal como ministra de Transporte y
a Ledy Zuñiga como ministra de Justicia.
Correa anunció una oxigenación de su gabinete luego de los comicios seccionales de febrero, en los que su movimiento perdió la disputa por las alcaldías de las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil y Cuenca.
Correa no logra endosar su popularidad
Aun cuando Alianza País lograra ratificarse como la principal fuerza política a nivel nacional, las derrotas en las tres principales ciudades, además de Manta (suroeste), el mayor puerto pesquero, mancillan la imagen de político invencible que había forjado el jefe de Estado.
Correa "no ha logrado endosar su popularidad al alcalde de Quito y esta derrota demuestra que su movimiento no necesariamente se ha consolidado y que los ecuatorianos seguimos votando más por personas que por ideologías", dijo Daniel Montalvo, director del Centro de Estudios Globales de la Universidad San Francisco.
Más allá del resultado, los analistas creen que Correa hizo una apuesta arriesgada al convertir esta elección en un anticipado voto de confianza o censura de su gobierno, cuando todavía restan tres años para las presidenciales.
El mandatario está inhabilitado por ley para presentarse para un nuevo período.
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