Sudamérica es la región que perdió la mayor superficie de bosques en el mundo

La superficie forestal continúa disminuyendo en todo el planeta y América del Sur es la región que más hectáreas ha perdido, según los datos obtenidos por satélite y publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La información actualizada con la que cuenta la ONU muestra que los pulmones verdes redujeron su extensión en cerca de 5,3 millones de hectáreas por año durante el período 1990-2010, una pérdida neta que equivale a casi 4 veces el tamaño de Italia o Colombia. Hoy existen 3.890 millones de hectáreas, el equivalente al 30% de la superficie total de la Tierra.

Dentro de este escenario, el Amazonas es el área de la región con mayor riesgo de daño de su ecosistema. El "corazón de Brasil" perdió 5.843 kilómetros cuadrados de superficie entre agosto de 2012 e idéntico mes de 2013, un 28% más que en el período anterior según un análisis del Proyecto de Vigilancia de la Deforestación de la Amazonía Legal (Prodes).

Esta zona deforestada equivale a más tres veces la extensión de San Pablo, el mayor núcleo urbano brasileño, y además reocupa por las 352 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas hacia la atmósfera durante el mismo período. Esta deforestación incluye prácticas como la tala de árboles para la industria maderera, la construcción de obras como represas hidroeléctricas y la actividad agropecuaria.

El gobierno brasileño lleva adelante el Programa Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA), lanzado en 2002, es un proyecto al que se destinaron 400 millones de dólares para proteger 50 millones de hectáreas y promover el desarrollo sustentable en la región, en un intento por disminuir la deforestación de la selva amazónica.

El ARPA está considerado como uno de los mayores programas de conservación de bosques tropicales del mundo, y además es el más importante en cuanto a áreas protegidas de Brasil.

La región venezolana del Amazonas también sufre el paso del hombre, con el desarrollo de la minería ilegal y el accionar de la narcoguerrila colombiana de las FARC. La búsqueda de oro y diamantes en la selva es llevada a cabo por trabajadores protegidos por el grupo guerrillero colombiano, quienes utilizan maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover toneladas de sedimentos para hallar unos pocos gramos de oro.

La minería ilegal contamina ríos y tierras con el letal cianuro que se utiliza para recuperar metales mediante el proceso de lixiviación. Este proceso consiste en utilizar cianuro para disolver los elementos sólidos que contaminan los minerales y así obtener las piedras o metales preciosos.

Según el informe de la FAO, la deforestación en Paraguay es de alrededor de 180.000 hectáreas por año y esto se mantuvo constante durante el período 1990-2010.

Y en términos generales, existe una deforestación anual del 1% en este país, donde además las autoridades han denunciado que existe un vínculo entre el cultivo de marihuana y la creciente pérdida de superficie verde. Algo que no sorprende si apenas hay un guardabosques por cada 80.000 hectáreas de parques naturales.

"Estas carencias provocan que los responsables de los cultivos se adentren en las reservas y se dediquen también a la tala ilegal y al comercio de especies silvestres, vivas o muertas, como un negocio anexo", señaló la Secretaria del Ambiente (Seam), Cristina Morales.

Por este motivo a fines de febrero de 2014 se firmó un convenio entre la Seam y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que proveerá de recursos materiales y humanos a la Seam a la hora de frenar este ilícito avance del hombre.

Una de las zonas más afectadas es el Parque Nacional Ñacunday, ubicado en el Departamento de Alto Paraná y con una superficie de 2.000 hectáreas. Según el intendente de la zona, Pedro Duarte, "el parque podría desaparecer en un año, y esto es muy preocupante para nosotros. La madera producto de los árboles cortados con motosierras sale de la reserva, y creemos que van directamente hacia Ciudad del Este para allí ser comercializadas en las diversas carpinterías".

Otro pulmón sudamericano que se halla en grave peligro es "El Impenetrable", en Argentina. Abarca cerca de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos ubicados principalmente en la región semiárida del noroeste de la provincia de Chaco; según una denuncia de Greenpeace, el área está seriamente amenazada por los desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados por leyes nacionales en zonas protegidas.

"El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques. Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña", advierte Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la mencionada organización ecologista. Algunas de las especies en extinción son el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero, que conviven junto a 60.000 habitantes, en su mayoría indígenas tobas y wichís, campesinos y pequeños productores rurales.

También en Centroamérica

Un escenario similar es el que se registra en el panameño Parque Nacional Chagres, creado en 1985 entre las provincias de Panamá y Colón y con una superficie total de 129.000 hectáreas. Habitantes y conservacionistas de áreas aledañas han denunciado la devastación de los bosques de la reserva por parte de una empresa que explota la piedra caliza, utilizada para la fabricación de cemento.

En un intento por proteger la zona fue constituido el Fondo para la Conservación del Parque Nacional Chagres (Fondo Chagres) en 2003. Este fondo ambiental nacional fue concretado mediante el Acuerdo de Conservación de Bosques, firmado entre los gobiernos pañameño y estadounidense y The Nature Conservancy (TNC). Los recursos del Fondo Chagres provienen del primer Canje de Deuda por Naturaleza que hizo Panamá, formalizado el 10 de julio de 2003, por un valor de 10 millones de dólares.

México también cuenta con un sector de su territorio arrasado por la agricultura y la ganadería. Se trata del Parque Nacional La Malinche, un Área Natural Protegida (ANP) desde hace 72 años ubicada en los estados de Puebla y Tlaxcala, en la región central del país. Según un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en 1938 el parque tenía 45.000 hectáreas, pero 23.612 de ellas ya se utilizan para la siembra y para asentamientos de personas, entre otras cosas.

El panorama se agrava si se tiene en cuenta que las autoridades de Puebla y Tlaxcala, que administran 30 y 70% del parque respectivamente, no cuentan con un plan de manejo coordinado o programas efectivos para revertir esta situación. Además los programas y subsidios son contradictorios, y ocasionan un incipiente nivel de manejo y conservación. Aunque no todo está perdido, ya que Greenpeace prepara una propuesta para alcanzar una tasa cero de deforestación a más tardar en el año 2020.