EEUU está "profundamente preocupado" por la detención de alcaldes opositores en Venezuela

"Venezuela debería detener la violencia contra los ciudadanos y los funcionarios de oposición, liberar a aquellos injustamente encarcelados, levantar las restricciones a la libertad de prensa y comprometerse con un diálogo incluyente", aseguró Jen Psaki.

El alcalde del municipio de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, fue detenido el miércoles luego de que se le cursara una orden de aprehensión en la que se lo acusa de "agavillamiento" (asociación para delinquir); mientras que Scarano fue condenado el mismo día por el Tribunal Supremo a diez meses y quince días de prisión y a la revocación de su mandato como alcalde por desacato a un fallo que lo obligaba a impedir la colocación de barricadas a los manifestantes.

Ceballos se encuentra detenido en el mismo penal en el que cumple prisión desde hace poco más de un mes Leopoldo López, máximo dirigente de la agrupación opositora Voluntad Popular. Luego de horas de incertidumbre sobre su paradero, los alcaldes David Smolansky, de El Hatillo, Carlos Ocariz, de Sucre, y el diputado Miguel Pizarro han podido ubicar al Ceballos en la prisión de Ramo Verde. Hasta allí se acercaron a las 4 de la mañana de Venezuela, según confirmaron los dirigentes en sus cuentas en Twitter.

Las protestas estudiantiles que sacuden Venezuela comenzaron justamente en Táchira, el pasado 4 de febrero, en reclamo por la inseguridad en las universidades, luego de que una joven de la Universidad de Los Andes sufriera un intento de violación y robo el 3 de febrero. Esas manifestaciones se extendieron a todo el país y tomaron características violentas, con enfrentamientos entre estudiantes, fuerzas de seguridad y grupos armados ilegales. Maduro tiene la zona en la mira y ya ordenó su militarización. Hay numerosas calles cortadas y  los comercios están cerrados. Es más, habitantes del lugar denunciaron que durante los primeros días de movilizaciones, aviones de guerra sobrevolaron las manifestaciones. En el estado de Táchira, se ha registrado la represión más violenta contra las protestas opositoras al Gobierno, a más de un mes del inicio de la crisis y tras 30 muertos.

Smolansky anunció también que al alcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, se le dictó una medida privativa de libertad durante 10 meses; además del cese de funciones. "Culminó la audiencia de (Enzo) Scarano y le acaban de dar una sentencia de 10 meses de presidio y el cese de sus funciones. Permanecerá recluido en el Sebin", detalló Smolansky.

Otro vocero del Departamento de Estado expresó a EFE su preocupación por el caso de Machado, denunciada esta semana por el chavismo ante la Fiscalía para su eventual enjuiciamiento por la violencia en las protestas que vive el país desde febrero. "Los problemas de Venezuela no pueden resolverse a través de la criminalización de la disidencia", señaló el vocero, que pidió el anonimato.

"El gobierno venezolano está tratando de quitar a una de sus opositoras su inmunidad parlamentaria y enjuiciarla en un momento en el que debería estar eligiendo el diálogo por encima de la confrontación y cuando hay graves problemas económicos y sociales que requieren una solución mediante un proceso democrático", agregó.

Machado se encuentra de visita en Washington, pero el Departamento de Estado no ha confirmado por ahora si mantendrá contacto con ella durante su estancia en la capital estadounidense, donde participará el viernes en una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El vocero consultado por EFE reiteró su llamado a "un diálogo auténticamente incluyente y mediado por una tercera parte confiable" en Venezuela, que debe producirse "en una atmósfera de respeto a la gobernanza democrática, las libertades fundamentales y los derechos humanos".

Venezuela vive una oleada de protestas desde el pasado día 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que ha dejado hechos de violencia y un saldo oficial de 31 muertos, más de 450 heridos y casi 2.000 detenidos, 121 de ellos aún en prisión.