Desde el inicio de las masivas manifestaciones opositoras contra el gobierno de Nicolás Maduro, ya se han denunciado 59 casos de torturas, según informó este fin de semana el Foro Penal Venezolano. "Son casos de tortura, no de excesos o tratos inhumanos. Es sufrimiento infligido para lograr una confesión, como castigo, intimidación o discriminación. La tortura se ha empleado para infligir castigo o como sanción por manifestar", aseguró el director de la organización, Alfredo Romero, durante una reunión sostenida este sábado. Además, fueron reportadas, al menos, 1.493 detenciones, mientras que hay 28 muertos.
Según reseña el periódico El Nacional, no se trata de casos aislados, sino de un patrón de actuación. "Las fuerzas militares están marcando la pauta de lo que está pasando. Hay la intención de colocar a todo aquel que manifieste como un enemigo de guerra, lo que da pie para hacer cosas fuera del orden de la ley", indicó Gonzalo Himiob, también directivo de la organización.
Los abogados identificaron ocho puntos en común que delinean un patrón sistemático en las agresiones de las que han sido víctimas manifestantes en Táchira, Lara, Miranda y Carabobo, donde se registró el mayor número de casos. Estos son las detenciones sin orden de captura o de allanamiento; la actuación de civiles armados, policías vestidos de paisanos, o paramilitares con la anuencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional; y las amenazas de violación sexual.
En cuarto lugar, las detenciones arbitrarias y los "ruleteos" a los que someten a algunos detenidos, con el fin del golpearlos y castigarlos por manifestar. Por último, la negación de la atención médica a los manifestantes heridos; el acoso e intimidación a abogados defensores, lo cual lesiona el derecho a la defensa de las víctimas detenidas; la celebración de audiencias en sedes policiales o militares; y la agresión contra bienes de manifestantes.
Testimonios de la tortura
"Si se aprehenden 15 jóvenes y una persona es golpeada o maltratada... la tortura tiene un sentido. Se emplea para obtener una confesión, se le inflige sufrimiento físico para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de un trato excesivo o uso desproporcionado de la fuerza", había dicho la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, cuando explicó que se estaban investigando violaciones de derechos humanos. Las expresiones que usó fueron poco felices.
El estudiante Maurizio Ottaviani, de 20 años, marchaba el pasado 28 de febrero junto a muchos jóvenes por las calles del barrio caraqueño de Altamira cuando motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los detuvieron de la peor forma. Él es una de las personas que denuncia haber sido torturada.
"Se bajaron cuatro militares, me despojaron de mi morral, me golpearon y forcejearon para derribarme al suelo. Caí y mi instinto fue ponerme en posición fetal y protegerme. Me dieron patadas en el estómago, en la espalda y entre el dolor y el ajetreo descuide la cara. Uno de ellos con el tacón de la bota me propinó un golpe en el lado derecho del rostro", contó a la prensa venezolana.
Luis Gutiérrez, estudiante de la UCV, se encontraba participando en la manifestación que se realizó el 19 de febrero en San Antonio de Los Altos cuando fue aprehendido. Su madre, Katiuska Pietro, contó que los militares le propinaron una golpiza tan fuerte que su rostro quedó con fracturas y totalmente desfigurado. "Debió someterse a una intervención quirúrgica para reconstruirlo", dijo.
A Ana Karina Triana, estudiante de Mercadotecnia, la capturó la GNB en Plaza Altamira cuando caminaba junto a una amiga para irse a su casa. "Escuché a la gente gritar que corriéramos y lo hice, pero en la vía había aceite que me dificultaba la acción. Un efectivo me agarró por el cabello, me montó en la moto y me llevó al Distribuidor Altamira. Al llegar, recibí un golpe en la cabeza con el arma que usan para lanzar bombas lacrimógenas", afirmó.
Daniel Alejandro Rodríguez, estudiante de la Universidad Nueva Esparta, y Juan Pablo De Haro, empleado de un almacén, ambos de 22 años, también recibieron golpes por parte de la GN en Altamira el 28F, al igual que Ottaviani, según recuerda el periódico venezolano El Universal. "Con la punta del fusil me partieron la cabeza y me quitaron mis celulares", narró Rodríguez.
Juan Manuel Carrasco Gonzalez, quien participó en una marcha el 13 de febrero en El Trigal, Valencia, denunció que fue violado por personal de la GNB con un fusil. En las redes sociales, Carrasco compartió imágenes de su cuerpo mutilado. Su madre exigió a la mismísima fiscal Luisa Ortega Díaz que viera las evidencias del asalto sexual a su hijo, que ahora cumple una sentencia de prisión domiciliaria de 45 días.
Durante una marcha en el barrio popular de La Isabelica, en Valencia, la Guardia Nacional Bolivariana se enfrentó con manifestantes. Marvinia Jiménez, una madre de 35 años, decidió intervenir y se acercó a los agentes de seguridad. La respuesta fue brutal. La arrojaron al piso y entre cuatro hombres la redujeron a los golpes. Un video muestra cómo luego la retiraron del lugar tirándole de la cabellera. Jiménez, que quería pedir que cesaran los ataques contra la gente, terminó detenida por dos días. Fue liberada con cinco cargos; uno de ellos, agresión.
Otro caso. José Alejandro Márquez era ingeniero. Se había acercado a La Candelaria para asistir a la manifestación opositora del miércoles 19 de febrero. El hombre se había puesto a filmar la represión militar cuando un funcionario de la Guardia Nacional lo detuvo y le exigió que le entregara su teléfono celular. La reacción de Márquez fue salir corriendo. En un video, se puede ver cómo es perseguido por cuatro agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y uno de ellos le dispara en dirección a la cabeza. El hombre murió por la golpiza.