Ante los senadores reunidos en
el Salón Azul de la Cámara alta, el ministro de Economía, Axel Kicillof, expuso este jueves por la tarde los detalles del acuerdo entre el Estado argentino y la petrolera
española Repsol, por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF.
"Este es un
acuerdo entre partes, voluntario, y el precio que se paga es el que el Ejecutivo
consideró, de acuerdo al Tribunal de Tasaciones, justo y razonable", dijo
Kicillof.
"El precio en sí, los intereses incluidos, se abona prácticamente dos años después, por eso se adiciona un pago extra, en el que el Ministerio tomó un 0,61% durante ese período, que es la que toma el Banco Nación para depósitos en dólares", acoto el funcionario.
Kicillof subrayó
que en cuanto a los intereses devengados por la deuda con la firma española se
optó por "similar criterio al que se toma para decisiones judiciales".
"Es invalorable haber concluido este trámite de manera amistosa"
El ministro de Economía aseguró que el convenio con Repsol es "amistoso, donde no hubo ni vencedores ni vencidos". Al respecto, recordó que el compromiso implicaba que "el Estado argentino tenía que constituir un depósito por u$s5.500 millones".
"Una vez que se produce el depósito, aquel que fue expropiado puede coincidir o no con la cifra y hacerse con la cifra. Si no está de acuerdo, se inicia un juicio de expropiación. Sin el avenimiento de Repsol, la petrolera recibía esa cifra y podía iniciar acciones judiciales", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.
En caso de iniciarse la causa judicial, el control del Estado sobre YPF iba a constituir una "propiedad transitoria" sobre la petrolera, que llevaría a una "situación económica y jurídica difícil de transitar para la compañía".
Sobre el monto total del pago por las acciones, que se realizará a través de una canasta de títulos públicos, indicó: "Para decirlo en criollo, hemos pagado en cuotas la compañía. Y la vamos a pagar a 2033. No sé si es lo mejor para Repsol, es lo mejor para el pueblo argentino. Esa decisión es estratégica".
"No me animo a traer una tasación, porque es invalorable haber concluido este trámite de manera amistosa, habiendo concluido todas las acciones judiciales contra el país", expresó.
El "camino complejo" de una empresa mixta
"La decisión –enfatizó– no fue estatizar la compañía en un 100 por ciento, cambiarle la forma jurídica, modificar sus estatutos o dejarla como sociedad privada, sino que fue el camino más complejo desde el punto de vista de la decisión y su implementación como fue la expropiación del 51% del paquete accionario".
Kicillof comparó el caso de YPF con la estatización de Aerolíneas, todavía en litigio, y recordó que en el proceso con Repsol "se resolvió que se iba a llevar adelante una tasación y en cumplimiento de esa ley de tasaciones el Estado está obligado a realizar un depósito equivalente al monto fijado por el tribunal".
"Una vez terminada la tasación, se determinó que el Estado estaba en condiciones de depositar u$s4.992 millones en el tribunal más los intereses por el tiempo transcurrido", acotó. De otra forma, especificó, el Estado "hubiera tenido que depositar 5.049 millones de dólares".
Para el ministro, se acordó "un monto razonable" porque el convenio "más allá del monto tiene muchas consideraciones que vale la pena valorar, como por ejemplo el precio en sí, los intereses, etcétera".
"Quedarán intereses, sí, pero también una empresa que da ganancias"
Kicillof reiteró que se ha llegado a "un escenario tremendamente más favorable y beneficioso por donde se lo mire" y amplió: "No necesariamente esto significa que los hemos vencido o que hemos ganado con nuestro criterio".
"Hemos conseguido cerrar ese círculo que se inició cuando la Presidente decidió mandar la ley e intervenir la compañía y lo hemos cerrado de la mejor manera posible", añadió.
Además, puso de relieve el hecho de que el proceso "se ha cerrado pacíficamente, con indemnización acordada y desistimiento de toda causa judicial que pesa sobre la compañía, y dejamos una compañía limpia y trabajando".
"Estábamos muy lejos el uno del otro porque en algún momento se había hablado de cifras gigantescas, de 18.000 o 19.000 millones de dólares".
Ponderó el dinero que se ahorró el gobierno argentino por la transacción al señalar que el ahorro en ese sentido, de acuerdo a la valoración de la acción desde el momento en que se tomó la decisión de expropiar, fue de 1.691 millones de dólares.