Los despidos y las suspensiones pusieron en alerta a los gremios

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Nicolás Stulberg
Nicolás Stulberg

Despidos y suspensiones ha confesado esta semana que ve asomar en el horizonte laboral Héctor Méndez, jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), como fruto inevitable de la concurrencia entre la inestabilidad de la economía, la caída del consumo y la presión de los gremios por mejorar salarios.

"Deseo que no tengamos que despedir gente, pero suspensiones, etcétera, ya van a llegar", dijo literalmente el señor Méndez, como quien anuncia el cumplimiento inexorable de una fatalidad. Llamó la atención que no hubiera casi réplicas desde el sindicalismo para el empresario. Será tal vez porque los gremios concluyen que ese escenario de trabajadores en conflicto por la preservación de sus fuentes de trabajo ya forma parte de una complicada actualidad.

Uno de los sectores más afectados hoy es el de los trabajadores de la industria de la carne, que en los últimos tiempos ha sufrido el cierre de una veintena de plantas frigoríficas en distintas partes del país. Por eso, el lunes trabajarán a reglamento. También se movilizarán con sus quejas al Ministerio de Agricultura por el tendal que dejó en la actividad Guillermo Moreno en su actuación como mandamás del área. Pretenden además un 35% de incremento salarial; no casualmente el mismo número que el porcentaje de inflación que muchos calculan para este año.

Por el lado de los mecánicos de Smata, el panorama no pinta halagüeño: la planta Volkswagen de General Pacheco ya anunció que suspenderá a sus cinco mil operarios por cuatro días para hacer frente al bajón en la venta de automóviles. El argumento ha sido el mismo para explicar recientes suspensiones y despidos en otras tantas automotrices y concesionarias de la Argentina (Kromberg & Schubert es una de ellas). Los adelantos de vacaciones, en suma, son el mal menor.

Los telefónicos también se han puesto en alerta por la situación en la empresa Nextel, que pretende deshacerse del 10 por ciento de su plantel de 2 mil empleados. El acatamiento a la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo dejará el conflicto congelado por unos días, pero la resolución del contencioso está por verse.

También hay disputas vigentes de este tipo entre choferes de colectivos, operarios metalúrgicos y periodistas, por ejemplo. El propio Hugo Moyano se vio envuelto esta semana en un entredicho mayor con la empresa Siderar de San Nicolás, que había decidido el despido de 18 camioneros. Acá también intervino la cartera laboral, forzando a las partes a conciliar hasta que se agote el plazo de una pax armada.

 Adrián Escandar 162
Adrián Escandar 162

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, ha salido a querer poner paños fríos, diciendo que hablar de despidos y suspensiones es "pura especulación". Y calificó a los casos de afectación laboral como "aislados". No ven las cosas del mismo modo los diputados nacionales del Frente de Izquierda que presentaron días atrás un proyecto que prohíbe despidos y suspensiones por dos años, bajo apercibimiento de "estatizar" a las empresas que prescinden de trabajadores.

"Nada de todo esto ocurriría si el movimiento obrero estuviera unido. Cómo no va a haber trabajadores en conflicto con un gobierno que creó 12 millones de pobres y que tiene a sus jubilados cobrando dos mil y pico de pesos por mes... La Argentina está en una situación de abandono inédita". Esto dijo a Infobae el jefe de los trabajadores rurales, Gerónimo Venegas, al fin de una larga reunión de los hombres de Moyano en la que se resolvió manifestar un fuerte apoyo de esa central a la pelea salarial de los docentes.

El sindicalismo oficialista de Antonio Caló interpreta como una "sorpresa positiva" que  Gobierno y maestros establecieran un cuarto intermedio hasta la semana que viene para seguir discutiendo la paritaria federal del sector, creyendo así que "no se rompieron todos los puentes".

Los gremios opositores entienden en cambio que el compás de espera de la negociación responde exclusivamente a que el kirchnerismo buscó que la Presidenta Cristina pueda inaugurar este sábado las sesiones ordinarias del Congreso (¿hará algún anuncio sobre el mundo del trabajo?) sin un conflicto del todo desatado con los docentes, que creen hubiera empañado todo.

En cualquier caso, el moyanismo continúa sosegado, sin contemplar por el momento medidas de fuerza; pero sí previendo que en la segunda quincena de marzo debiera realizarse el postergado plenario que formalice la unidad entre las CGT de Moyano y de Luis Barrionuevo, hoy replegado por completo. Si acaso de las dos centrales surge sólo una, será interesante ver cómo congenian camionero y gastronómico a la hora de ver quién se queda con el timón de mando.

Completamente en otra están los gremios encabezados por Caló; especialmente los del sector industrial, que en la semana coincidieron con empresarios de sus respectivas actividades en un encuentro donde ratificaron su apoyo al modelo vigente, además de comprometerse a luchar entre todos contra la inflación.

"La del miércoles fue una reunión de ablande, en marzo nos volvemos a juntar. Tenemos mucho para discutir, pero hay que superar las diferencias como sea para que este Gobierno no termine como el de (Raúl) Alfonsín. No podemos permitir eso", señaló a este medio el líder de un gremio industrial que no vive sus mejores días de producción.

Caló aprovechó la movida para repudiar públicamente a los ahora massistas Ignacio de Mendiguren y Felipe Solá, quienes respectivamente no tuvieron mejor idea que sugerir la suspensión de las paritarias y la reducción de salarios. "Es denigrante", calificó el metalúrgico, aunque eso sí, obviando cualquier consideración sobre el panorama inquietante que pintó el titular de la UIA.

Otro interrogante que quedó planteado es cómo responderá la administración K, que auspicia acuerdos paritarios por un año, a la  propuesta que los gremios ferroviarios llevaron en puntas de pie al Ministerio de Tomada para mejorarle el sueldo a 45 mil ferroviarios. Tanto para el sector de pasajeros como el de cargas, los sindicalistas del  sector han propuesto firmar un acuerdo por tres meses, a partir de marzo, que establezca sumas fijas que oscilan entre los $1.100 y $2.300 (según el rango del trabajador) y mejoras puntuales para los viáticos que forman parte de sus salarios.

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