El Gobierno presentará este martes en Washington ante la Corte Suprema de los Estados Unidos su apelación al fallo de Cámara que avala la decisión del juez Thomas Griesa y que dispone el pago de unos 1.300 millones de dólares a los acreedores que no ingresaron al proceso de reestructuración de la deuda pública en 2005 y 2010.
Con esta acción el Gobierno buscará revertir los fallos adversos de Griesa y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 23 de agosto del año pasado ratificó el fallo de primera instancia.
Si bien estaba previsto que la presentación se concretara este lunes, desde el Ministerio de Economía señalaron que debido al feriado en los Estados Unidos por el "Día del Presidente" el trámite quedó postergado 24 horas.
La novedad es que ahora la Argentina contrató a Paul Clement, ex procurador general de los Estados Unidos, para que trabaje junto al estudio de abogados Cleary Gottlieb en la defensa del país.
La presentación ante la Corte no tiene como objetivo revertir el fallo que obliga a abonarle a los holdouts u$s1.300 millones en efectivo y en un solo pago, sino la forma en que la Argentina pretende cancelar esa sentencia.
El país reabrió el canje de deuda realizado en 2010, suspendiendo la denominada Ley Cerrojo, con lo cual busca insistir en la idea de "tratamiento igualitario" para todos los acreedores. Esto implica que los holdouts deberían aceptar una quita luego de tener sentencias favorables por el ciento por ciento de sus acreencias.
Pero la Argentina lleva la desventaja de llegar a la Corte Suprema con un duro dictamen de la Cámara de Apelaciones, que calificó al país de deudor "reacio" y "empedernido" en una declaración de 25 páginas que apuntó a desactivar los argumentos que aportaron los abogados sobre la imposibilidad de pagar al 100% a los tenedores que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
El fallo indicó que la Argentina no pudo aportar ni "argumentos" ni "evidencias" sobre una eventual situación de imposibilidad de pago.
Hernán Lorenzino, quien todavía era el titular del Palacio de Hacienda, y el vicepresidente Amado Boudou asumieron un papel protagónico en ocasión de la audiencia que se desarrolló en Nueva York en la que Argentina presentó una propuesta de pago, cuyos términos eran similares al canje de 2010.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en la causa que iniciaron los fondos especulativos de inversión NML Capital y Aurelius Capital, junto a unos 15 acreedores particulares, la mayor parte argentinos.
El tribunal descartó el argumento del Gobierno según el cual una decisión contraria a los intereses nacionales pondría en jaque las reestructuraciones de deuda de otras economías, en medio de la crisis europea.
"Es justo que un acreedor reciba lo que negoció y a lo que, por lo tanto, tiene derecho, aun si otros acreedores cuando reciben lo que negociaron no obtienen lo mismo", planteó.
Con ese párrafo, el fallo dio por tierra con la postura del Palacio de Hacienda según la cual mal podría pagarse el 100 por ciento de lo adeudado cuando quienes entraron a los canjes de 2005 y 2010 aceptaron quitas y mayores plazos para hacerse de lo que se les debía.
"La decisión de esta Corte no hace otra cosa que obligar a la Argentina a mantener su obligación contractual de igual trato, no se observa un abuso de discreción", agregó la disposición judicial.