El diario El Colombiano confirmó que, en una operación conjunta con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación logró expropiar una extensión aproximada de 4.796 hectáreas que habían estado bajo el control de Jorge Briceño, alias "el Mono Jojoy".
Los millonarios predios, según las autoridades, eran fuentes de financiación para sus actividades ilícitas. Entre los bienes se encontró la llamada "Casa Marulanda", donde se hospedaba alias "Tirofijo". Todas las propiedades eran manejadas por el segundo de las FARC, que fue abatido el último 23 de septiembre en la operación Sodoma. Se trató del primer y más importante golpe a la guerrilla por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Según el propio mandatario, aquel 23 de septiembre "fue el día más feliz" de su vida.
El jefe de la Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos y Extinción de
Dominio de la Fiscalía, Julián Quintana, explicó para el periódico colombiano que
en el operativo, que duró cuatro días, participaron más de 500 hombres de las Fuerzas Militares y
una comisión judicial de la Fiscalía General de la Nación compuesta por 40
miembros de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
"La
acción se realizó en jurisdicción de San Vicente del Caguán. (...) Estos
predios eran parte de los terrenos que la guerrilla de las FARC se apropió a
través de compras simuladas a precios irrisorios a los dueños originales, los
cuales fueron forzados a vender", dijo el jefe de la unidad.
Los bienes estaban a nombre de campesinos que no tienen condiciones económicas adecuadas para subsistir y que son considerados por las autoridades "testaferros de baja condición económica", a quienes la guerrilla les pagaba cerca de 200.000 pesos mensuales (100 dólares) para cuidar los terrenos.
Diálogos en Cuba
El gobierno de Santos y las FARC siguen negociando una salida al conflicto más largo del país. Llevan más de 50 años de enfrentamientos, con más de 6 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos, desplazados y secuestrados. Todavía resta resolver la cuestión de las drogas ilícitas (ciclo que en estos momentos está en marcha), el fin del conflicto (deponer las armas) y la instauración de una comisión de la verdad.
El ciclo actual busca resolver el asunto de las "drogas ilícitas". El título acordado hace más de un año en Oslo, donde comenzó este largo proceso, es en realidad uno de los más álgidos: el narcotráfico. La guerrilla aceptó incluirlo en el quinteto por pactar y así asumió que participa en el crimen organizado para financiar su actividad. Pide la legalización de los cultivos ilícitos y vía libre para la producción de coca, marihuana y amapola.
La opinión del Gobierno se desconoce. El silencio es adrede. Desde el comienzo de los diálogos de paz, Santos instruyó a sus enviados para que no filtraran ni un solo dato de lo que se discutiera a puertas cerradas. No se sabe qué propone Bogotá, pero tampoco qué está dispuesto a ceder. Los guerrilleros, en cambio, están a gusto frente a los micrófonos cubanos. Manejan las declaraciones mediáticas para subir o bajar la tensión de las charlas privadas.
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