Qué hay detrás del duro informe de un Comité de la ONU contra el Vaticano

Pedofilia, castigos corporales, estereotipos de género, contenido de la enseñanza escolar católica, igualdad entre los sexos y salud reproductiva son algunos de los temas sobre los cuales la Santa Sede fue interrogada -el 16 de enero, en audiencia pública-  y luego reprobada por el Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia.

El organismo emitió un documento en el que se insta a la Iglesia Católica a revisar sus posiciones en esas materias. Los casos de abusos sexuales contra menores y la política de encubrimiento por varias diócesis –que la Santa Sede ha revertido oficialmente ya desde el pontificado de Josef Ratzinger- dan pie al Comité para prácticamente exigir que la Iglesia revea su doctrina sobre contracepción, aborto, homosexualidad, familia, etcétera.

El informe hasta pide que se excluya el castigo físico en la educación católica (algo que forma parte del pasado pero tanto en escuelas confesionales como laicas). Pese a ello, el documento solicita "que una interpretación de la Escritura que no justifique los castigos corporales sea reflejada en la enseñanza de la Iglesia e incorporada (a) la educación teológica".

Tampoco falta a la cita la ideología de género. "El Comité  –dice el documento- insta a la Santa Sede a (...) abstenerse de utilizar una terminología que pueda ser contraria a la igualdad entre niñas y niños" y la "invita" a "eliminar de los libros de texto de las escuelas católicas todos los estereotipos de género"  –sin aclarar cuáles son.

Todo el tono del documento recuerda a la forma en que, tras la renuncia de Benedicto XVI y aun antes de la elección de Jorge Bergoglio, diversos analistas y lobistas, por lo general ajenos a la Iglesia, iban marcando la agenda de "modernización" que el nuevo Papa debería encarar.

"Desde los primeros párrafos (del documento) se puede ver que el Comité tenía en mente mucho más que el problema de la pedofilia", señala el vaticanista de la revista italiana L'Espresso, Sandro Magister.

Así, por ejemplo, se recrimina a la Iglesia sus posiciones en materia de homosexualidad que, "contribuyen al estigma social y a la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y niños criados por parejas del mismo sexo".

El organismo "invita a la Santa Sede a revisar su posición sobre el aborto que pone evidentemente en riesgo la vida y la salud de las niñas embarazadas", y expresa su "preocupación porque la Santa Sede y la Iglesia no reconocen la existencia de distintas formas de familias". Reclama modificar el derecho canónico, a fin de "precisar las circunstancias en las cuales el aborto está permitido".

El Comité dice estar "seriamente preocupado por las consecuencias negativas de la posición y la práctica de la Santa Sede que niega a los adolescentes el acceso a la anticoncepción". Por ello le recomienda "que evalúe las serias implicaciones de su posición (...) y supere todas las barreras y los tabúes respecto a la sexualidad de los adolescentes"; le señala que "debería asegurarse de que la educación sexual, la salud reproductiva y la prevención del SIDA sean parte del currículum obligatorio de las escuelas católicas" y le pide que "garantice los intereses de las niñas embarazadas y se asegure de que su punto de vista sea siempre escuchado y respetado en el ámbito de la salud reproductiva".

Insólita resulta la preocupación del Comité "por la práctica continuada del abandono anónimo de recién nacidos (...) mediante las llamadas baby boxes", ubicadas en los conventos.

Es llamativo que se critique una iniciativa destinada a evitar que esos bebés sean abandonados en la calle, como a menudo sucede, con riesgo de vida. La recomendación parece basada en la creencia de que son las "baby boxes" las que promueven el abandono cuando éste es viejo como la humanidad. "El Comité insta firmemente a la Santa Sede a cooperar con los estudios para determinar las causas fundamentales de la práctica del abandono anónimo de bebés", dice el documento. También le pide que colabore "para hacer frente al abandono de los bebés mediante la difusión de la planificación familiar y la salud reproductiva así como de la adecuada asesoría y apoyo social, para evitar embarazos no deseados ".

El informe también evoca la situación de los "hijos de sacerdotes a los que se oculta la identidad de sus progenitores". Acusa a instituciones de la Iglesia de separar a los hijos de los padres y de manipular sus conciencias.

"A la pedofilia el documento llega en la página 9, sobre un total de 16", ironiza Sandro Magister.

Y se trata el asunto como si no se hubiese hecho nada. El comité alaba muy brevemente algunas medidas tomadas en 2013, pero olvida todas las anteriores, en un claro intento de contraponer el Vaticano del Papa Francisco al de Benedicto XVI. Pero fue Ratzinger quien proclamó la tolerancia cero hacia estos delitos e impuso una línea dura al clero.

Cómo se llega a este documento

El Comité para los Derechos de la Infancia es uno de los 9 órganos creados por la ONU para la supervisión de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos.

Tiene 18 miembros –que el propio organismo describe como "expertos independientes" y "personas de altas cualidades morales"-, pero en la práctica su integración suele regirse por una regla de proporcionalidad no escrita: la ONU intenta repartir posiciones equitativamente entre los Estados.

Actualmente es presidido por la noruega Kirsten Sandberg (foto). Cuatro de sus vicepresidentes son originarios de Arabia Saudita, Bahréin, Etiopía y Sri Lanka, "países que por cierto no brillan por el respeto a los derechos humanos", dice Magister.

Los Estados que han ratificado la Convención presentan, cada 5 años, un informe en base al cual el Comité prepara un cuestionario, de cuya elaboración también participan ONG afines al tema. Las respuestas se brindan en una audiencia ante el Comité, tras la cual éste comunica sus "observaciones finales", que no son vinculantes.

El informe del Vaticano data de 2011. El cuestionario a la Santa Sede fue enviado en julio de 2013. La audiencia pública tuvo lugar el 16 de enero pasado. Estaban presentes el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi, y el titular de la comisión recién creada por el papa Francisco para la protección de los menores, el maltés Charles Scicluna.

Alessandra Aula, secretaria general de la Oficina Católica internacional para la Infancia asistió a la audiencia. Interrogada por el diario francés La Croix acerca de si el Comité es objeto de presiones, respondió: "Como testigo de hace más de 20 años de estos procedimientos, fue, contra el Vaticano, una avalancha de preguntas, con cierta posición ya tomada". "Estaba jugado de antemano", lamentó, comentando también que hubo una enorme presencia mediática, algo que incita a los miembros del Comité a mostrarse más incisivos.

Pero la presión se ejerce también por anticipado, por parte de grandes ONG de derechos humanos. Esto explica las palabras de monseñor Tomasi, para quien el informe de los "expertos independientes" de la ONU tiene en realidad un "enfoque ideológico" orientado por "ONG, con intereses sobre la homosexualidad, el matrimonio gay y otros temas".

Cuando la Santa Sede adhirió a la Convención para los Derechos de los Niños, en 1990, lo hizo con reservas. Fue para prevenirse de una excesiva injerencia de órganos de Naciones Unidas. Como lo señala el sociólogo italiano Massimo Introvigne, es por esta misma razón que "el Parlamento de los Estados Unidos nunca ha ratificado la Convención, a pesar de que el gobierno de ese país la había firmado en 1995".

Introvigne acusa a una ex integrante del Comité (cuyo mandato concluyó en 2013) de activismo anti-vaticano: "Durante la investigación sobre la Santa Sede, la persona más a la vista, influyente y conocida del Comité fue la peruana Susana Villarán, alcalde de Lima y católica, (en) permanente polémica con los obispos de su país, por su desenfrenado activismo a favor del 'matrimonio' homosexual, la ideología de género y el aborto".

Para Magister, la audiencia de la Santa Sede "fue como hablar a sordos".

"Se diría que el informe estaba preparado de antemano", dijo monseñor Tomasi. Por ejemplo, pese a la política de tolerancia cero anunciada por Benedicto XVI y ratificada por Francisco, el Comité volvió a denunciar el "código de silencio impuesto a todos los miembros del clero bajo amenaza de excomunión" que rodeó estos casos.

Luego de la publicación del informe, interrogada acerca de si consideraba que el Vaticano violaba todavía la Convención para los derechos de los niños en lo que hace a la pedofilia, Kirsten Sandberg respondió: "Mi respuesta es sí, hay una violación de la Convención hasta ahora, porque no han hecho todo lo que debían".

Andrea Tornielli, vaticanista de La Stampa, consideró en cambio que "las cosas que se dicen son ciertas, pero pertenecen al pasado (y) se han hecho progresos significativos" que no fueron tenidos en cuenta. "Gracias al cardenal Joseph Ratzinger, se fijaron procedimientos muy precisos para que todos los casos sean juzgados en Roma. Luego, se constituyó una task force especializada", agregó, en referencia a la comisión que dirige Scicluna.

Un lobby para el Sínodo

Aborto, ideología de género, nuevas familias,... Más que un informe sobre la situación de la infancia, parece la agenda de lo que ciertos grupos esperan que haga la Iglesia. El documento busca incluso marcar un antes y un después a partir del nuevo pontificado, cuando invita a la Iglesia a seguir la declaración "progresista" de Francisco – en alusión a su frase "¿quién soy yo para juzgarlos?"-, y a repudiar precedentes declaraciones sobre la homosexualidad.

Pero cuando el Comité reclama "con urgencia" a la Santa Sede que revise su posición sobre el aborto parece olvidar que en su primera encíclica, Evangelii gaudium, el papa Francisco escribió: "No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. (...) Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o 'modernizaciones'. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana".

"El informe de la ONU es ideológico y sesgado, dice el periodista estadounidense John Allen (colaborador del National Catholic Reporter). Pide que la Iglesia Católica cambie su posición sobre el aborto, el matrimonio homosexual y el control de la natalidad. Me disgusta decirlo, pero eso tiene que ver más con una determinada ideología que con la protección de los menores. (...) La ONU ha decidido mezclar las aguas relacionando el tema de los abusos con una batalla cultural partidista".

En efecto, las "observaciones finales" suenan a alegato de una fiscalía y parecen acusar al Vaticano por todos los abusos cometidos contra los niños en el mundo: abandono, discriminación, castigos corporales, etc.

La parcialidad del documento y su tono acusatorio casi justifican las "reservas" del Vaticano hacia esta Convención.

Pero la convocatoria, este año, por Francisco, a un Sínodo para la Familia, hace pensar que la virulencia del informe busca poner presión sobre el Vaticano.