Si los encuentran culpables, podrían condenarlos a 15 años de prisión. De los 20, hay 16 egipcios acusados de unirse a terroristas y otros cuatros extranjeros, de difundir noticias falsas. Estos últimos podrían pasar tres años tras las rejas.
"Los cargos contra estos periodistas son absurdos y el IPI condena seriamente el tratamiento que reciben", afirmó la directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie, quien volvió de El Cairo días atrás. "Esta noticia es una lamentable sorpresa después del compromiso con la libertad de prensa que el canciller egipcio, Nabil Fahmy, asumió frente al IPI durante nuestra reunión", aseguró.
La Fiscalía General de Egipto ordenó que los veinte inculpados sean juzgados por el Tribunal Penal de Asuntos Urgentes de la capital. Todos ellos están acusados de delitos de incitación contra el pueblo egipcio y de difusión de noticias falsas "con la finalidad de hacer creer en el extranjero que lo que sucede en el país es una guerra civil que amenaza con colapsar el Estado".
Los cuatro corresponsales extranjeros son el australiano Peter Greste, dos británicos y una holandesa, y serán procesados por "crear y financiar una red de información compuesta de veinte personas, entre egipcios y extranjeros, para esos fines".
La Fiscalía consideró que los otros 16, todos egipcios, pertenecen a un "grupo terrorista" -en alusión indirecta a los Hermanos Musulmanes- que busca "violar las leyes, impedir el funcionamiento de las instituciones, atentar contra las libertades personales, dañar la unidad nacional y la paz social, y adoptar el terrorismo como un medio para cumplir sus objetivos".
"Exhortamos a la Justicia a ejercer su poder de independencia y revisar este caso sin influencias políticas. Y al gobierno interino lo llamamos a reflexionar sobre lo fácil que se pueden manipular las leyes antiterroristas para cercenar la legítima libertad de expresión", afirmó McKenzie.
Del 26 al 29 de enero, una delegación del IPI, incluido el Consejo Ejecutivo, viajó a El Cairo para reunirse con los representantes del Gobierno. "El papel vital de los medios en el ejercicio de la libertad de expresión y la provisión de información al público debería estar contemplado en las leyes contra el terrorismo y extremismo. El público tiene el derecho a estar informado de los atentados o intentos de atentados terroristas y los medios no tienen que ser penados por proveer esta información", afirmó la directora ejecutiva.
En el referendo del 14 y 15 de enero pasado, los egipcios aprobaron una nueva Constitución que garantiza la libertad de prensa, la libertad de publicación y la independencia de los medios noticiosos, incluyendo la protección contra la censura, confiscación y cierre de los medios. El IPI remarcó que el arresto de los periodistas de Al Jazeera es un claro incumplimiento del espíritu de la nueve ley fundamental.
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