La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresó, este miércoles, en La Habana, que es el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, quien "debe irse del cargo" y no el alcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro, al que se ordenó destituir.
"El país entero con justicia reclama que es Alejandro Ordóñez quien debe irse del cargo", dijo el delegado de paz de las FARC Rodrigo Granda, al saludar la decisión de un tribunal administrativo colombiano que suspendió, de manera provisional, la orden de destitución de Petro, dictada por el procurador en diciembre.
"Advertimos que esta coyuntura no se trata solamente de suspender la aplicación del acto abusivo de destitución de la Procuraduría, sino de levantar un movimiento que corte de raíz todos los abusos de esta instancia de poder", consideraron las FARC a través de su vocero.
Granda dijo que otros funcionarios y legisladores colombianos "injustamente han sido destituidos e inhabilitados" también por la "furia tridentina del procurador"; entre ellos, la ex senadora Piedad Córdoba, acusada de tener vínculos con las FARC.
El martes, un tribunal administrativo de la capital colombiana "adoptó la decisión de ordenar la suspensión provisional" de un fallo de la Procuraduría que sancionó a Petro con la destitución de su cargo y la inhabilitación política por 15 años, señaló el magistrado José María Armenta a la prensa.
Granda afirmó que al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, "le corresponde también oponerse a la destitución" de Petro.
En diciembre pasado, la Procuraduría de Colombia sentenció la destitución e inhabilitación de Petro por 15 años debido a una supuesta mala gestión de la recogida de basuras en Bogotá en 2012. Este lunes, la Procuraduría confirmó el fallo contra el alcalde, decisión sobre la que el presidente Santos tendrá la última palabra.
El jefe guerrillero hizo estas declaraciones en el marco de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Santos en La Habana, que buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo.
El tribunal administrativo cuenta con un plazo de diez días para decidir sobre el fondo del asunto, tras un recurso por supuesta vulneración de los derechos políticos del alcalde.
Petro, un ex guerrillero y economista de 53 años, fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016. Sin embargo, la Procuraduría, que controla a los funcionarios públicos, lo sancionó el 9 de diciembre con la destitución y la inhabilitación, en un caso de dolo en el manejo del sistema de recolección de basuras de Bogotá.
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