A pesar del crecimiento, 50 millones de personas viven de la ayuda oficial en Brasil

Uno de cada cuatro brasileños se beneficia de la Bolsa de Familia, el programa de ayuda social del gobierno federal que otorga una media de 136 reales por persona y que se multiplica por grupo familiar.

En 2013, el Gobierno destinó R$20.600 millones (casi u$s10.000 millones) a financiar el programa que creó el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y que fue eje central de su contundente triunfo electoral en 2006. El plan permitió reducir la pobreza en casi 30 puntos durante el primer mandato de Lula.

El monto de la ayuda varía en función de los ingresos que una persona obtiene y su situación económica personal. Las familias que tienen ingresos por debajo de los 70 reales por integrante o las familias con ingresos de hasta 140 reales por integrante tienen derecho a reclamar su asistencia social.

Según la cantidad de hijos, hay familias que pueden recibir entre u$s600 y hasta u$s800 mensuales (unos R$1400 hasta R$1877), cifras que superan el salario mínimo brasileño de R$724.

Para 2014, la presidente Dilma Rousseff anunció que otras 500.000 familias se incorporarán al programa Bolsa Familia, es decir, alrededor de 1.800.000 nuevos beneficiarios. Según los datos oficiales, el programa nunca dejó de incrementar la cantidad de adjudicatarios, un resultado que contradice los números que Brasil suele mostrar como potencia económica en crecimiento.

Economistas y analistas se preguntan cómo es posible que, si la economía crece, haya cada vez más personas que cobran ayudas del Gobierno.

El IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) estima que alrededor de 40 millones de personas se desempeñan en el mercado informal de empleo; es decir, no pagan impuestos ni realizan aportes a la seguridad social. Muchos de ellos, que perciben ingresos no declarados, se ven beneficiados de esta ayuda. El profesor Newton Marques, de la Universidad de Brasilia, asegura que "no se ha hecho un control correcto y esto distorsiona el programa".

Según la revista Veja, las denuncias de fraude son frecuentes, pero el sistema está creado de tal manera que es fácil ingresar y bastante más complicado salir. Hay beneficiarios que aunque obtienen un empleo e ingresos suficientes, siguen recibiendo la ayuda social que, a diferencia de otros programas de asistencia en el mundo, no tiene un límite de tiempo: el Estado otorga de manera permanente el beneficio, a menos que el ciudadano solicite la suspensión.

El programa Bolsa de Familia considera "trabajadores" a quienes reciben el beneficio, de tal manera que el índice de desempleo de Brasil aparece con cifras históricamente bajas de 4,2%; al igual que en su vecino país, Argentina, los beneficiarios no se contabilizan como personas sin trabajo.

Veja advierte que la oposición del Gobierno tampoco se plantea una revisión del sistema o una mejora de la fiscalización, lo que despierta las naturales sospechas del uso político del presupuesto utilizado para ayudar a los más pobres.