El mismo día que la Cámara alta aprobó el ascenso del jefe del Ejército, César Milani, llegó al Congreso una nómina con los pliegos de más de cien abogados para asumir como conjueces y ocupar cargos en tribunales de todo el país, incluso la Corte Suprema. Los conjueces intervienen sólo en caso de recusación de alguno de los miembros originales del tribunal y son elegidos por sorteo para cada causa en particular.
En su mayoría, los elegidos por el Gobierno están vinculados a la historia política del kirchnerismo y de sus principales caras. Por caso, uno de los nominados es Martín Magram, ex abogado defensor del vicepresidente Boudou, hoy investigado en el caso Ciccone. En algunos casos, los mismos nombres fueron propuestos para distintos cargos.
"Desgraciadamente el Gobierno persiste en lo que ha sido su actitud de colocar jueces amigos justamente para que no los juzguen e investiguen ni tampoco se les aplique la ley. El kirchnerismo no puede convivir con jueces imparciales ", aseguró Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, en declaraciones a Clarín. Y agregó: "Uno nunca sabe cuándo va a necesitar al juez. Parafraseando al Martín Fierro, esta gente no se hace amigo del juez: pone directamente a su amigo de juez".
Otros de los propuestos son: Carlos Cárcova, quien en 2012 fue uno de los elegidos por el Gobierno para subrogar en los juzgados del fuero Civil y Comercial de Capital donde se tramitaba la causa sobre la Ley de Medios; el ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen –allegado a la procuradora Alejandra Gils Carbó–; Arístides Corti, a quien la Presidente le encomendó la elaboración del Digesto Jurídico Argentino; y Gustavo Ferreyra, allegado al ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. También hay abogados cercanos a los gobernadores Sergio Urribarri y Gildo Insfrán
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, opinó: "La jugada que hace ahora el kirchnerismo es para directamente copar la Justicia. Lo que no pudieron hacer con la reforma judicial lo quieren lograr de esta manera. La verdad, he perdido la capacidad de asombro con lo que tiene que ver el Gobierno con la Justicia".
El constitucionalista Daniel Sabsay consideró de una "gravedad extrema" la nueva jugada del Gobierno para colonizar el Poder Judicial. "Primero fue el intento de 'democratizar la Justicia', luego esto de que cada fiscal que investiga es apartado. Todo se adscribe en un mismo movimiento: la búsqueda de un sistema de impunidad", consideró.
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