A Claudio Uberti y a Ricardo Jaime los roza la palabra corrupción. Uno, el ex director del Organismo de Control de Concesiones Viales (Occovi) estuvo investigado porque era el jefe político de la delegación argentina que volvió de Caracas con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson y una valija repleta con casi 800 mil dólares. El otro, ex secretario de Transporte durante los primeros seis años de la década kirchnerista, tiene más de 20 causas judiciales abiertas.
En una de esas causas Uberti y Jaime son los imputados. Porque Jaime usaba para su beneficio -tal es la acusación del fiscal Carlos Rívolo- un auto que había recibido el Occovi de parte de una empresa privada para que se inspeccionara la concesión de una ruta con peaje.
Uberti llegó a a Tribunales pasadas las 10. Vestía traje negro, camisa blanca y corbata roja. Lo acompañaba su abogado Diego Pirota. Había sido citado por el juez Sebastián Casanello para declarar en indagatoria. Uberti no contestó preguntas pero presentó un escrito en el que negó haber cometido el delito de peculado. Sostuvo, según fuentes judiciales, que el auto jamás salió de la órbita del Estado. Y que en todo caso, si hubiera un delito, sería el de malversación y estaría prescripto.
Uberti aseguró por escrito que tanto el Occovi como la Secretaría de Transporte están en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, por lo que "no resulta llamativo que exista desplazamiento de bienes". "Es práctica habitual en el Estado que los organismos que reciben vehículos de empresas particulares, especialmente los de administración de obras públicas, distribuyan esos vehículos en otras áreas del mismo estado", justificó Uberti en la presentación a la que accedió Infobae.
Jaime se había presentado a declarar en indagatoria la semana pasada y firmó un escrito en términos similares. El auto nunca había salido del control del Estado y pidió su sobreseimiento. Jaime, inclusive, pagaba de su bolsillo el sueldo de un chofer y una cochera para proteger el auto que le había dado el Occovi.
Para el fiscal Rívolo el delito está claro: Jaime nunca debió haber tenido en su poder un auto que había sido cedido al Occovi por una empresa que explotaba una autopista. Además Jaime está imputado por haber usado otro auto en condiciones similares: era de una empresa y debía usarse para controlar una obra pública y terminó en manos del ex secretario de Transporte. El juez Casanello tiene que decidir la situación procesal de ambos ex funcionarios kirchneristas.
En tanto, en la causa por enriquecimiento ilícito de Jaime, hoy se presentaron en el juzgado federal de Córdoba a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, dos de las tres hijas de Jaime.
Julieta y Gimena Jaime están acusadas por el fiscal Rívolo de ser testaferros de su padre, quien según un peritaje contable, se enriqueció ilícitamente durante su estadía en la secretaría de Transporte.
La tercera de las hermanas, Romina, vive en Brasil y según explicaron fuentes judiciales cordobesas, se presentará el 26 de diciembre próximo. Las dos que declararon presentaron un escrito y no contestaron preguntas.
El viernes pasado se presentó a declarar ante Casanello otros de los testaferros de Jaime, su hermano Daniel. Presentó un escrito, no contestó preguntas y señaló que las empresas a su nombre tenían cómo justificar los ingresos para comprar los bienes que, la Justicia sospecha, son del ex funcionario público.
También se definió como una víctima de la última dictadura militar. Daniel Jaime quiere que lo indemnicen porque aduce haber militado en Montoneros -en 1998 se tatuó el escudo de la organización- y por eso partió al exilio en Brasil.
Hace unos años Daniel Jaime padecía apremios económicos. Esa situación se alivió cuando una de sus empresas comenzó a conseguir contratos con el Estado en el área en la que su hermano definía las obras ferroviarias.
Mañana es el turno de otros tres testaferros de Jaime. Su ex esposa Silvia Reyss y las hijas de ella, Agostina y Lorena Jayo deben presentarse ante Casanello y Rívolo. A esas tres mujeres les fue muy bien mientras Jaime repartía millonarios subsidios y beneficiaba a empresas privadas con suculentos contratos de obras de infraestructura de Transporte.