El 9 de diciembre, el Procurador General de la República de Colombia, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución y la inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos del alcalde de Bogotá, Gustavo Preto, como resultado de una investigación en donde determinó que actuó con dolo al reformar el sistema de recolección de basura, lo que generó una "grave emergencia" en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012.
En aquel momento, la decisión de la Alcaldía fue apostar a que el servicio lo prestara exclusivamente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, lo que sumió a la ciudad en un caos, ya que durante varios días la basura quedó en las calles sin ser recolectada.
Inmediatamente después de conocerse la sanción en su contra y considerándose víctima de un golpe de Estado, el Jefe del distrito anunció que pensaba quedarse en su puesto y convocó a una movilización pacífica en la Plaza de Bolívar, en donde se han dado cita día tras día miles de seguidores para denunciar lo que consideran un proceso injusto y por lo tanto, una afrenta a la democracia.
El mismo Preto, advirtió que pretende una "primavera colombiana", por lo que subirá la apuesta arengando manifestaciones cada vez más masivas hasta tanto no se revoquen las sanciones en su contra.
El Presidente Santos evitó tomar una posición clara en el asunto, y se limitó a emitir un comunicado en donde lamentó "los inconvenientes que esta situación pueda generar" a nivel social: "El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor Alcalde".