Opositores exigen poder presenciar la audiencia de Campagnoli

Legisladores de distintas fuerzas pretenden ser incluidos como amicus curiae en el proceso que se inició contra el fiscal que se animó a investigar a Lázaro Baéz a raíz de un pedido de Gils Carbó

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 Gentileza Corrientes de tarde 162
Gentileza Corrientes de tarde 162

El grupo de legisladores solicitan presenciar la audiencia que se realizará el 12 de diciembre para analizar el pedido de suspensión del titular de la Unidad Fiscal de Delitos de Autor Desconocido, José María Campagnoli, que inició la procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

Según consta en la petición, el objetivo es que la "audiencia sea pública (...) en consonancia con los principios de publicidad republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las reglas de publicidad y de debido proceso establecidas en el artículo 20 de la ley de Ministerio Público 24946."

Los legisladores pretenden desempeñarse como amicus curiae en el proceso, y  "ser escuchados en la audiencia, previo a la deliberación y decisión sobre la suspensión".

"Es vergonzoso que se quiera suspender y  echar a un fiscal por investigar 'más de la cuenta' a los corruptos mientras que a los que encubren la corrupción hace años no se les toca un pelo", dijo el ex fiscal de la Oficina Anticorrupción y actual diputado nacional Manuel Garrido. "Llama la atención este comportamiento de una Procuradora que asumió con el compromiso de fortalecer la lucha contra la corrupción", añadió.

Además de Garrido, firman la nota, dirigida al presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, Ernesto Kreplak, Mario Negri, Ricardo Alfonsin, Enrique Vaquié, Mario Fiad, Eduardo Costa (UCR), Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur), Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Graciela Ocaña (Confianza Pública), Alberto Asseff (Compromiso Federal), Adrián Pérez y María Liliana Scwindt (Frente Renovador), Laura Alonso (PRO). También lo hizo senador nacional Ernesto Sanz (UCR).

Campagnoli fue respaldado por asociaciones de jueces, fiscales y líderes opositores.

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