Santa Fe
Tras una serie de reuniones infructuosas entre representantes del Ejecutivo provincial y de los policías rebelados, el gobernador Antonio Bonfatti otorgó un aumento por decreto a la fuerza, que lleva el salario inicial a 8.100 pesos "de bolsillo". La movida llegó a buen puerto, ya que los efectivos que se encontraban concentrados frente a la jefatura de Rosario aceptaron los términos y vuelven de a poco a patrullar las calles de la provincia.
"Uno nunca está conforme, pero en el marco de la paz social se ha aceptado esto", señaló el abogado de los policías, Luis Tomacevich. El letrado aclaró que el acuerdo incluye la quita de sanciones para los policías acuartelados y destacó que la suba salarial implicará un aumento que superará el 40 por ciento. También contempla un plan de vivienda para los miembros de la fuerza.
No obstante, un grupo menor, de poco más de 100 policías, está apostado frente a la Jefatura de Rosario, y rechaza el acuerdo.
En un comunicado, el gobierno precisó que además el convenio establece que en la composición del salario de las fuerzas de seguridad el suplemento por "Riesgo profesional" pasa al 120 por ciento (hoy es del 30 por ciento). Y el suplemento por "Dedicación especial" pasa al 100 por ciento (hoy es del 25 por ciento). El decreto también modificó el monto a cobrar por la hora de Servicio de Policía Adicional, que pasará de 45 a 54 pesos.
La aceptación de la policía pone fin a un conflicto que se inició el sábado pasado y que incluyó jornadas de intranquilidad y vandalismo en algunos sectores de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé.
"Tenemos que tomar conciencia, justo cuando se cumplen 30 años de democracia, de cuidar las instituciones y normalizar la situación. Hasta ahora hemos tenido una ciudad en relativa tranquilidad, salvo algunos casos puntuales. Hemos estado en contacto con todas las organizaciones sociales que tuvieron una actitud responsable", había comentado, más temprano, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien tildó la protesta de "un hecho extorsivo".
Tucumán
Los representantes de la Policía y funcionarios del gobierno tucumano llegaron esta tarde a un acuerdo, que pone punto final al reclamo salarial por parte de los uniformados y permitirá que en las próximas horas se normalice la situación en materia de seguridad.
El acuerdo se logró luego de largas e intensas reuniones entre los representantes de los policías que se autoacuertalaron en la subjefatura de Policía con los ministros Edmundo Jiménez (de Gobierno y Justicia) y Jorge Gassenbauer (de Seguridad Ciudadanía).
El gobierno de Tucumán había denunciado ante la Justicia a los uniformados autoacuartelados y los acusó de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición". Al mismo tiempo, el les había advertido que podría ordenar a la Gendarmería que desaloje a los manifestantes de la Subjefatura de la fuerza, donde se mantenían acuartelados.
No fue necesario. Finalmente, los manifestantes aceptaron el ofrecimiento realizado por el Gobierno que eleva a 8.500 pesos el salario de bolsillo para el cargo de agente, el nivel inicial de la fuerza de seguridad, y por la tarde firmaron el acta acuerdo, que fue refrendada por los funcionarios provinciales.
El anuncio fue realizado por Diego Herrera, representante de los policías, al salir de la reunión en Casa de Gobierno. "Levantamos el paro y de inmediato vamos a salir a las calle a cumplir con nuestro trabajo", señaló.
La protesta comenzó el domingo por la noche y generó momentos de caos e incertidumbres debido a los ataques que sufrieron supermercados y comercios de la provincia. Como consecuencia de los actos de vandalismo, dos personas murieron y hubo cientos de heridos, según lo informado por autoridades de los hospitales.
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