Caso Ciccone: un fiscal asegura que no se sabe qué delito cometió Boudou

Tres jueces de la Cámara de Casación Penal tienen en sus manos una decisión que puede terminar con la causa judicial en la que se investiga al vicepresidente de la Nación por negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse interesado en la suerte de la empresa Ciccone. Esa firma fue adquirida en 2010 por el ignoto fondo The Old Fund, presidido por el abogado Alejandro Vandenbroele, conocido de José María Núñez Carmona, socio y amigo íntimo de Boudou.

La Sala IV de la Casación integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemigniani debe resolver un planteo hecho por Boudou que se denomina "excepción por falta de acción". Boudou hizo ese planteo en el que pidió su sobreseimiento porque considera que el delito por el que se lo investiga no está volcado en la causa judicial. El primero en rechazar ese pedido fue el juez Ariel Lijo. Ante la apelación de Boudou, lo mismo sostuvo la Sala I de la Cámara Federal porteña. Frente a esa decisión Boudou fue a la Cámara de Casación que deberá decidir en breve.

El fiscal de la Cámara de Casación, Javier Augusto De Luca, dictaminó que debe hacerse lugar al pedido de Boudou. De Luca, un respetado penalista con prestigio académico es una de las caras visibles del colectivo judicial kirchnerista "Justicia Legítima". En agosto, De Luca dictaminó a favor de considerar válida la declaración de Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele quien había señalado a su ex marido como "testaferro de Boudou". La Sala IV de la Casación resolvió validar el testimonio.

La hipótesis judicial es que cuando Boudou era ministro de Economía, envió una carta a Ricardo Echegaray, director de AFIP, para que The Old Fund tuviera una quita de su deuda impositiva. Y como se sospecha que Vandenbroele está relacionado con Boudou, se lo investiga por el delito de negociaciones incompatibles con la  función pública contemplado en el artículo 265 del Código Penal.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, De Luca dictaminó a favor del pedido de Boudou. El fiscal señaló que "tenemos algunos problemas que deberían ser aclarados, para poder continuar con la investigación respecto de Boudou. Este delito no se ocupa de operaciones ilegales, sino de las legales. Lo ilícito consiste en interesarse, pero sólo puede ser cometido por un autor determinado por la ley, esto es, por el funcionario competente con relación al contrato u operación en la que se interesa. Son casos en los que existe un desdoblamiento de la personalidad. La norma no sanciona negocios prohibidos, sino incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, el problema que debería resolverse es determinar si la quita o plan de facilidades que hizo la AFIP fue legal o ilegal y las competencias legales de todos los involucrados para el caso. No se ha explicado la competencia del Ministro de Economía en el asunto, la cual, como se sabe, es de origen legal, y no puede ser asignada subjetivamente, por un pase o vista que se le corra para que vierta su opinión. En el 265 CP no parece hallarse un caso de autoría mediata resuelto por el legislador, porque el acto que realiza el funcionario competente (el supuesto instrumento de ese autor mediato), debe ser legal, es decir, no es autor directo de ningún delito cometido por otro a través suyo". Esta conclusión del fiscal alejaría a Boudou de la comisión del delito por más que se comprobara que Vandenbroele o Núñez Carmona actuaron para quedarse con Ciccone.

"En el curso de la causa se ha mencionado varias veces que Vandenbroele es el testaferro de Boudou, lo cual, como se ve aunque ello sea comprobado, tal afirmación no alcanzaría para satisfacer la figura penal que viene seleccionada por los investigadores porque aunque Boudou intercediera en tal negociación como Ministro de Economía, habría que explicar si era legalmente competente", dijo De Luca.

El fiscal sostuvo que el artículo 265 del Código Penal establece, palabras más, palabras menos, que el funcionario acusado debe ser quien decida directamente en el caso a estudio. Y como el ministro de Economía no tenía ninguna injerencia en las decisiones de la AFIP, Boudou no habría cometido el delito. El fiscal pidió en su dictamen que se compare el caso de Boudou con el del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue desprocesado por la Corte Suprema de Justicia en 1993 por el escándalo de la nacionalización  de la empresa Italo Argentina de Electricidad. Martínez de Hoz también fue investigado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

También consideró De Luca que no ha podido comprobar la hipótesis de lavado de dinero porque no se pudo establecer cuál es el delito precedente a las operaciones de financiamiento de The Old Fund que se investigan en el expediente a cargo de Lijo.

De Luca señaló que debe admitirse el recurso de Boudou porque por tratarse de la investigación del vicepresidente la decisión sobre la excepción de falta de acción puede ser asimilable a una sentencia definitiva. De Luca considera que el caso tiene "gravedad institucional".

El fiscal solicitó que la situación de Boudou se resuelva a la brevedad. En el dictamen de De Luca al que accedió Infobae señala que "Todos estamos obligados a someternos a una investigación criminal. Se trata de un perjuicio que debemos soportar. Pero esa situación, en un estado de derecho, tiene un límite. De ahí surge el derecho a que se despeje y aclare lo más rápido posible nuestra situación ante la ley y la sociedad, para disipar el estado de sospecha que el enjuiciamiento importa". De Luca acelera con este dictamen los tiempos judiciales de Boudou.

Fuentes de Tribunales aseguran que la investigación está bien orientada por Lijo. Y que lo que se investiga son hechos, no "calificaciones legales". También señalan que De Luca no estudió todo el expediente. Fuentes cercanas a la fiscalía de Casación ratificaron ese dato, pero aseguraron que estudiaron lo hecho por la fiscalía del caso, que está a cargo de Jorge Di Lello.

El dictamen del fiscal no es vinculante y ahora deben decidir los jueces de Casación.