La decisión sólo excluye a tres de los 25 condenados, pues dos de ellos han sido sentenciados por un solo delito por el que aún serán juzgados nuevamente. También queda exento el ex presidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, por cuestiones técnicas referidas a una apelación aceptada este miércoles sobre una sanción pecuniaria.
De esa manera, se ejecutarán de inmediato las penas de 22 reos, entre quienes figuran el ex ministro de la Presidencia José Dirceu,
quien en la época era considerado la "mano derecha" de Lula, el
ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el
antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Dirceu
fue condenado a diez años y diez meses de prisión, pena que fue de seis
años y once meses para Genoino y de ocho años y once meses para Soares.
Los tres fueron condenados por corrupción activa y asociación
ilícita en el llamado "juicio del siglo", pero aún tendrán derecho a un nuevo juicio por el segundo de
esos delitos, lo cual podría amenizar sus penas.
Según lo acordado por el tribunal, Dirceu
y otros condenados comenzarán a cumplir las condenas que les
corresponden por aquellos delitos en los que ya tienen condena firme, y
el año próximo, cuando se celebre el nuevo juicio por asociación
ilícita, su pena definitiva será revisada.
La decisión
adoptada fue producto de una intensa y prolongada polémica que se
zanjó con la postura de la mayoría de los jueces del Supremo en favor de
que se ejecuten las penas, tal como había pedido la
Procuraduría General de la República.
"En ningún país del
mundo hay un derecho infinito a apelar", dijo el magistrado Roberto
Barroso al apoyar esa decisión, que respaldó con una breve pero muy
contundente frase: "El día de la condenación, finalmente llegó".
Tras decidir sobre ese delicado asunto, el Supremo deberá librar las
correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que
cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un
sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.
La más dura de las penas recayó sobre
el publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el "operador"
de la red de corrupción que desviaba recursos públicos hacia dos de sus
empresas de propaganda, que a su vez los entregaban luego al PT.
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