La Corte Suprema rechazó el pedido opositor para suspender la aplicación de la Ley de Medios

El máximo tribunal de justicia desestimó la presentación realizada por un grupo de diputados para que la norma no fuese aplicada. El planteo fue descartado porque los legisladores no son parte de la causa, según pudo saber Infobae

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 DyN 162
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La Corte Suprema de Justicia rechazó la presentación que la semana pasada realizó un grupo de diputados opositores para que la Ley de Medios fuese suspendida hasta que el gobierno nacional cumpliera con el resto de sus artículos.

Según pudo saber Infobae, el máximo tribunal de justicia decidió desestimar el escrito debido a que los legisladores no forman parte de la causa que enfrenta al grupo Clarín y el gobierno nacional. La semana pasada, los magistrados dictaminaron la constitucionalidad de los artículos que eran cuestionados por el multimedio.

La presentación para reclamar la suspensión de la ley había sido realizada por los diputados del interbloque PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.

En el escrito presentado por los legisladores, se reclamaba que la aplicación de la ley fuese suspendida hasta tanto el Gobierno cumpliera con los siguientes puntos:

1)Que exista una autoridad de aplicación de la llamada ley de medios audiovisuales N° 26.522, que sea efectivamente "un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión" (considerando 74 de la sentencia de V.E.).

2)Se verifique la acción del Estado como "garante de la libertad de expresión", que garantice que "por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas" (mismo considerando 74 del fallo de V.E.).

3)Se verifique que los medios públicos, "en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad", no se conviertan en "espacios al servicio de los intereses gubernamentales".

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