A través de una reciente investigación de El Colombiano, salió a la luz un "manual de convivencia" que rige en la zona controlada por las FARC del bajo Putumayo, en la que se pueden leer las distintas normas que la población debe seguir si no quieren tener problemas con la guerrilla.
Un ejemplo paradigmático de esta situación es la que padeció la familia Peña, que debió escapar a Bogotá tras recibir el citado documento bajo la puerta, junto con una clara misiva en donde le otorgaban tres horas como máximo para salir de El Cedro, en Puerto Guzmán, límites con Caquetá.
La razón aducida era que habían violado el punto 45, en donde se indica que "los padres de familia que tengan hijos activos en la Policía, en el Ejército y demás organismos de seguridad del Estado, deberán vender sus bienes y abandonar el área".
Según el testimonio del agente en cuestión, a sus padres y hermanos sólo les tomó 45 minutos abandonar el lugar, por lo que sólo escaparon con tres gallinas, dos bolsas con ropa y sus dos perros.
"Yo me convertí en su dolor de cabeza porque la guerrilla les advirtió que por ser yo Policía no podían seguir. Ahí los tengo, en una habitación en Bogotá, lejos para que no les hagan daño", agregó.
Otras normativas
En el documento también se detallas cuestiones referentes a la movilidad. Por ejemplo, para poder habitar la zona hay que contar con una carta de recomendación de alguien del lugar. El desplazamiento es entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche.
En cuanto a los negocios, también se debe pasar por la aprobación de la Juntas de Acción Comunal (JAC), tal como lo describe "Joyner", un comerciante de la zona. Cuenta que para traer su mercancía desde Puerto Asís debe hacer mínimamente cinco llamadas "y ellos permiten tener solo dos celulares por familia, y eso sí, sin cámara. Los tenemos que registrar en la JAC para su control", explica
"Eso se cumple o se cumple y, sino, le toca irse para no verse involucrado en líos con ellos", explica Joyner.
Acciones contra la Iglesia
Monseñor Luis Alberto Parra Mora, obispo de la Diócesis de Mocoa-Sibundoy, cuenta cómo debieron cerrar las parroquias y trasladar sus religiosos a lugares más seguros, como las cabeceras municipales.
"Las Farc dicen que no pueden celebrar, no pueden predicar y no pueden ejercer su sacerdocio allá. Ante eso tomé la decisión de traerlos y esas comunidades han quedado sin el servicio eclesiástico por las medidas que ellos toman a través de ese manual de convivencia que han presentado para todas las personas que estén en la región", precisó Parra Mora.
Según el Monseñor, el motivo de la prohibición es en parte "porque entramos y salimos y traemos información del centro de esa región, entonces hay desconfianza. Nosotros, enfatiza, solo queremos evangelizar".
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