La mitad de los cuarenta países que firmaron la Convención de la OCDE contra el soborno no investigan lo suficiente los casos de corrupción trasnacional de sus empresas, según un informe publicado este martes por la ONG Transparencia Internacional. A su vez, el estudio también arroja datos preocupantes para América Latina, donde tres de los cuatro integrantes de ese ránking realizan "poco o ningún esfuerzo" para combatir la corrupción.
La Convención de la OCDE
contra el soborno es el acuerdo firmado por los cuarenta principales
exportadores del mundo para frenar las prácticas de corrupción a gobiernos
extranjeros con objeto de acceder a contratos y licencias, así como eludir
impuestos o las leyes locales.
Según
explican desde Transparencia Internacional (TI), estos cuarenta países
representan más de dos tercios del volumen total de exportaciones mundiales.
Entre
los veinte países que han realizado "poco o ningún esfuerzo" en el
último año para aplicar la convención se sitúan México, Brasil y Chile,
mientras que Argentina se encuentra un escalón más arriba, en el grupo de
países que llevan a cabo esfuerzos "limitados" para frenar los casos
de corrupción internacional.
En tanto,uno de los casos
más llamativos es el de España, que también cayó a la categoría de los países
que efectúan "poco o ningún esfuerzo".
Por su
parte, otro dato preocupante de este informe revela que tan sólo ocho de los
cuarenta países firmantes han puesto en marcha medidas constantes para hacer
valer el convenio anticorrupción.
En ese
sentido, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Suiza son los países que
actúan de un modo más activo en la detección y obstaculización de estas
prácticas fraudulentas, seguidos por Italia, Australia, Austria y Finlandia,
que realizan, según la ONG, un esfuerzo "moderado".
En la zona baja, correspondiente a los países que toman escasas o ninguna medida contra el soborno internacional, aparecen varios países presentes en el G20 como Brasil, Japón, Corea del Sur u Holanda.
La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, expresó en un comunicado la importancia de que "estas economías cumplan los compromisos asumidos al integrar el G20 y aseguren que sus empresas, que cada vez tienen mayor influencia en el extranjero, lleven a cabo sus actividades sin participar en irregularidades".
Los
resultados arrojan un saldo negativo con respecto al balance del último estudio
de la organización no gubernamental, ya que el grupo de los países más activos
se ha reducido de siete en el informe de 2012 a cuatro en el de 2013, mientras
que el número de los que actúan con un empeño moderado ha pasado de doce a sólo
cuatro.
Por su
parte, el grupo de los países que realiza esfuerzos "limitados" para
poner en práctica el convenio antisoborno está compuesto por diez estados y el
grupo de cola lo forman veinte.
Un
caso especial lo constituye Colombia, que accedió al convenio en un momento
posterior al que recoge el estudio y no recibe una valoración en las categorías
antes señaladas. No obstante, la ONG menciona la inexistencia en ese
país de investigaciones sobre el soborno internacional, así como la
inadecuación de su código penal para perseguir estas prácticas.
Islandia,
también firmante del convenio, tampoco recibe una catalogación por parte de la
organización internacional, debido a su pequeño peso en las exportaciones.
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