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El
llamado "juicio del siglo" en Brasil, referido a casos de
corrupción denunciados en 2005, en el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, está en manos de un juez que mañana debe decidir si se aceptan o no unas
apelaciones que pueden reabrir las causas de 11 de los 25 condenados.
El magistrado Celso de Mello, decano del Tribunal Supremo, se pronunciará este
miércoles sobre el asunto y romperá así el empate que hay en relación a las
nuevas apelaciones, hasta ahora rechazadas por cinco magistrados y aceptadas
por otros cinco.
Si el juez las niega, el Supremo iniciará entonces el trámite para la ejecución
de las penas, pero si las acepta, al menos 11 de los 25 condenados tendrán
derecho a un nuevo proceso, que supondría reabrir el juicio para esos casos, lo
que podría derivar en una reducción de penas.
Entre quienes pueden beneficiarse con las nuevas apelaciones están emblemáticos
líderes del Partido de los Trabajadores (PT), que lideran Lula y su sucesora y
actual mandataria, Dilma Rousseff.
Según consideró probado la corte, cuando Lula ganó las elecciones de 2002, el
PT tejió una red de corrupción que se valió de dinero público para financiar
campañas y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron
mayoría parlamentaria al Gobierno.
El Supremo incluyó entre los principales responsables de esos ilícitos al
exministro de la Presidencia José Dirceu, considerado en la época como la
"mano derecha" de Lula, al expresidente del PT José Genoino y al
antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, que están en el grupo que
pudiera tener derecho a un segundo juicio.
Dirceu, calificado en la sentencia como "jefe de la pandilla", fue
condenado a diez años y diez meses de cárcel, Genoino recibió una pena de seis
años y once meses, y Soares fue castigado con ocho años y once meses de
prisión.
