Pepsi Cola de Venezuela expresó su rechazo a "la toma ilegal" de su agencia ubicada en el estado Vargas por parte de la Procuraduría local del gobierno de Nicolás Maduro, luego de que esta institución ordenara la expropiación de las instalaciones.
"Pepsi-Cola Venezuela rechaza la toma ilegal de su agencia ubicada en Catia La Mar por parte de la Procuraduría del estado Vargas", señaló un comunicado de la empresa que hace referencia a la concreción de una medida del gobierno regional anunciada en enero pasado.
A principios de 2013, la empresa venezolana de la multinacional estadounidense sostuvo un debate con el gobierno de Maduro luego de que le fueran confiscadas 9.000 toneladas de azúcar bajo la acusación de acaparamiento. Dicho producto le fue devuelto después de que la empresa comprobara que éste es su principal materia prima y fue adquirido de forma legal.
El comunicado explica que las partes, Pepsi Cola y Gobernación de Vargas, aún están en "fase de tramitación del arreglo amigable" acordado el pasado 15 de mayo en el que se establecieron condiciones, que aún no se cumplen en su totalidad, para completar el proceso de expropiación "sin traumas".
La asesora legal de Pepsi Cola, Carla Hernández, fue citada en el texto en defensa de que la empresa no se puede mudar del lugar "sin contar con la licencia de la comunidad" y sin contar con las medidas de seguridad para poder operar en la zona en la que fue reubicada.
"Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes", dijo Hernández, según el documento.
La firma asegura haber honrado "todos los acuerdos" y dice seguir dispuesta a llevar el proceso a término, "pero deben respetarse las leyes y las condiciones acordadas" y sostiene que la Gobernación de Vargas, dirigida por el oficialista Jorge García Carneiro, "no ha cumplido".
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