Un operador judicial es una persona que hace llegar a los Tribunales los deseos del poder político. Los principales operadores judiciales son de los oficialismos. Desde 1983 para acá los hubo alfonsinistas, menemistas, delaruistas, duhaldistas y por supuesto kirchneristas. Son aquellos que explican con muchas razones los deseos judiciales de lo más alto del poder. Existen, tienen nombre y apellido, caminan por las calles y además operan. ¿Eso es bueno o malo? Eso existe y en la Argentina, algunas cosas funcionan así.
Los operadores judiciales tienen amplitud: visitan a jueces, fiscales y camaristas de todos los fueros, pero una de sus principales tareas es influir -amablemente por cierto- en el fuero federal. Es que allí se investigan los casos de corrupción que pueden terminar con la carrera de cualquier dirigente con aspiraciones políticas serias. Y que pueden afectar al gobierno de turno. Y es allí donde se han producido novedades en los últimos tiempos.
Durante los últimos 15 años hubo un operador que casi monopolizó la actividad en la Justicia federal. Fue Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación por el oficialismo y poseedor de una red interminable de contactos judiciales. Prestó servicios al menemismo y desde entonces es una referencia inevitable para la designación de jueces y para resolver problemas en los Tribunales. En el kirchnerismo tuvo una estrecha relación con Néstor Kirchner que luego se trasladó a Cristina Fernández de Kirchner. Respeta mucho al ministro de Planificación Julio de Vido, uno de los funcionarios más denunciados pero -tal vez gracias a los buenos oficios de Fernández- menos afectado por los procesos judiciales. Fernández -o simplemente Javier, como se lo conoce en Tribunales- también tiene mucho respeto por otros importantes funcionarios del Estado nacional.
Pero una de las características del kirchnerismo es la tendencia a la desmonopolización –por lo menos así lo predican- en algunas actividades. La ola aperturista llegó también a Tribunales. Desde hace unos meses se ve caminar por los pasillos de Comodoro Py 2002 a tres nuevos operadores judiciales. Pertenecen al área del ministerio de Justicia pero quien les da las indicaciones políticas no es el ministro Julio Alak. Responden a las directivas precisas de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia y hombre de absoluta confianza de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y reportan al secretario de Justicia Julián Álvarez.
A uno de ellos se lo conoce muy bien en Comodoro Py porque trabajó en un juzgado y una fiscalía. Su nombre es Franco Picardi, tiene 34 años, y en Tribunales todos lo siguen llamando "Franquito". Picardi es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del ministerio de Justicia y adhiere a La Cámpora, la agrupación que a través de Álvarez maneja casi todos los resortes de poder en el ministerio de Justicia. Otro de los nuevos operadores judiciales es Juan Martín Mena, también de 34 años, que tiene el cargo de subsecretario de Política Criminal del ministerio de Justicia. También es el Jefe de Gabinete de Alak, aunque trabaja en Justicia desde antes de la llegada del ex intendente de La Plata al ministerio. Conoce a mucha gente en los Tribunales y tiene una estrecha relación con el juez más cercano al Gobierno de la Cámara de Casación Alejandro Slokar. El tercer integrante de este grupo es Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral del mismo ministerio y también de La Cámpora. Kreplak también camina y habla con jueces y camaristas de la Justicia de Instrucción.
Los jóvenes operadores tienen la difícil tarea de evitar que las investigaciones por corrupción avancen sobre los funcionarios importantes del Gobierno y que algunos expedientes considerados "de interés institucional" sigan su marcha de acuerdo a los designios del kirchnerismo. Fernández fue muy eficiente durante estos años.
Sin ir más lejos, se podría hacer una pequeña lista de los casos que fueron cerrados gracias a los buenos oficios de Fernández en su relación con los jueces, camaristas y fiscales: Skanska, la investigación por el crecimiento patrimonial de los Kirchner y la anulación como pruebas de los mails de la corrupción de Ricardo Jaime. En esa lista habría que agregar a una causa importante para el kirchnerismo, el procesamiento de Mauricio Macri por espionaje.
En la pequeña muestra de causas en las que influyó Fernández tuvo intervención el juez Norberto Oyarbide. Pero que quede claro, la influencia alcanza a otros jueces, fiscales y camaristas de varias instancias que contribuyeron a que Fernández -Javier- sea considerado el principal operador judicial de esta época.
Parece que las cosas han comenzado a cambiar. A los nuevos operadores se los ve por las mañanas en los pasillos de Tribunales. Y hasta ahora a Zannini no le ha ido mal, por ejemplo, con Oyarbide. Logró que el juez archivara la causa por enriquecimiento ilícito que se abrió contra Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica y mano derecha del hombre fuerte del Gobierno. No se sabe si lo consiguió mediante los nuevos operadores o personalmente con el juez más conocido de Comodoro Py.