Esta semana, la Ciudad de Buenos Aires lanzó su propio índice de precios para competir con las cifras que difunde el Indec. Sin embargo, casi al mismo tiempo, la administración de Mauricio Macri ayudó a que el gobierno nacional se deshiciera de una de las personas que permitió cuestionar la inflación oficial con mayor rigurosidad.
En 2003, Marcela Almeida fue convocada por el gobierno del propio Néstor Kirchner para que se hiciera cargo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. Como aún hoy en día es habitual, el Estado tercerizó su contrato a través otra institución. En este caso, la Dirección de Estadísticas y Censos del gobierno porteño.
Cuando en 2007 el Indec fue intervenido y sus cifras empezaron a ser modificadas, Almeida sufrió las represalias por denunciar la manipulación: su sueldo fue prácticamente congelado durante cinco años y su precaria situación no sólo fue mantenida, sino que fue aumentada al obligarla a renovar su contrato cada mes.
Sin embargo, pese a que cuenta con fueros gremiales y un fallo de la Justicia dictaminó que es empleada del Indec y su situación no puede ser modificada, el gobierno de la Ciudad resolvió despedirla sin ni siquiera comunicarle los motivos, pese a que aún recibe los fondos para pagarle.
En diálogo con Infobae, Almeida relató la persecución que sufren todos los empleados que denunciaron las cifras del Indec, detalló la manipulación de los índices, relativizó las mediciones de las consultoras privadas y analizó el efecto que tendrá la canasta de 500 productos a precios congelados.
- ¿Cuáles eran tus tareas cuando entraste al Indec?
- Entré en el 2003 al Indec como coordinadora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, un proyecto que estaba en pleno desarrollo, que se empezó a publicar en 2005 y que en realidad es el antecedente del nuevo IPC nacional que van a hacer ahora, nada más que la intervención lo descartó en el 2008 porque las cifras de las provincias que no se manipulaban daban muy distintas a las cifras de Capital y Gran Buenos Aires
- ¿Quién te contrató?
- Entré al Indec durante el gobierno de Néstor Kirchner. Él insistió mucho para que se empezara a publicar el IPC nacional. Por ahí no estábamos preparados, pero empezamos a publicarlo en 2005 por su insistencia.
- ¿Vos qué cargo tenías?
- Era coordinadora del IPC nacional. No es un cargo de la estructura, pero dentro de la dirección del IPC era la tercera en importancia.
- ¿Cuándo empezó a cambiar tu situación?
- A partir de la intervención, en 2007, las condiciones de trabajo de todos cambian de manera notable. La ahora famosa Beatriz Paglieri (NdR: actual secretaria de Comercio Exterior) es la que se hace cargo del IPC. Todos mis compañeros y yo seguimos trabajando en la misma área. Al principio, en una situación muy difícil, porque las órdenes que nos daban estaban totalmente reñidas con la buena práctica profesional. Nos pedían modificar datos que para nosotros eran sagrados: lo que se relevaba en la calle se supervisaba y después era el dato que se publicaba. Fuera lo que fuera. Eso cambió notablemente.
- ¿Por qué creés que se tomó la decisión de intervenir los índices?
- Creo que en ese momento los precios se estaban acelerando, era un momento en que se iban a definir paritarias. Había habido acuerdos de precios de Guillermo Moreno relativamente exitosos en 2006 y después se desbarató. Para mí fue una intención de frenar eso de la manera más torpe. Modificar un índice y no la realidad parece una cosa que no puede tener mucha vida. Los trabajadores del Indec pensamos que era algo que no podía sostenerse en el tiempo, pero lleva seis años de vida ya. Con un costo político alto, pero evidentemente han decidido que están dispuestos a pagarlo.
- ¿Qué pasó con tu caso en particular?
-La intervención tuvo muchísimas represalias y hostigamiento hacia los trabajadores que denunciamos lo que pasaba. A partir de ese momento sufrimos las consecuencias. En el Estado hay muchas formas de contratación: hay una pequeña planta permanente, una planta transitoria o semitransitoria y los contratados por terceras instituciones. Obviamente el eslabón más débil somos los últimos, a los que nos han castigado al no pasarnos a una forma menos precarizada de contratación y manipulando nuestros sueldos. A mí no me aumentan el sueldo desde 2007. Me aumentaron un 20%, que es lo mismo que casi nada.
Yo tengo un contrato con el gobierno de la Ciudad, porque esa era la forma de entrar al Estado en 2003. La planta del Estado estaba congelada desde la época de (Domingo) Cavallo y no había ingresos al Estado. La única forma de ingresar era vía un contrato con otra institución. Aún hoy hay gente en el Indec que figura en universidades o en el Correo Argentino. A partir de 2006 muchos fueron pasando a tener un contrato con el Estado por la llamada Ley Marco (NdR: Ley 25.164 – Marco de regulación de empleo público nacional). A los que estamos castigados no nos pasaron.
Fallo que defiende el puesto de Almeida en el Indec y cuestiona su contratación fraudulenta
- ¿En los últimos meses qué cambió?
- Hace dos meses que no me pagan el sueldo sin ninguna explicación. Cuando empezamos a recorrer todos los caminos posibles dentro del Indec y del gobierno de la Ciudad para averiguar dónde estaba el problema, en la Ciudad nos decían que el Indec no depositaba la plata y en el Indec decían que era la Ciudad la que no me pagaba. Finalmente pudimos averiguar que la plata sí estaba depositada porque es plata de un convenio entre la Ciudad y el Indec. A través de un diputado del PRO que habló directamente con el jefe de (la Dirección General de) Estadísticas de la Ciudad, el licenciado (José) Donati, supimos que él decidió que esa plata la iba a destinar a otra cosa porque ya no necesitaba mis servicios. Pero yo nunca presté servicios en Estadísticas de la Ciudad. Esto es una contratación fraudulenta. Nadie trabaja para el Correo Argentino ni para el gobierno de la Ciudad. Se triangula la plata y la Ciudad se queda con una especie de comisión.
-¿Por qué creés que el gobierno de la Ciudad tomó esta decisión?
-No lo sé. La única hipótesis que se me ocurre es que puede ser una represalia contra ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Hay mucha persecución hacia la organización de los trabajadores en el gobierno de la Ciudad. Pero yo no trabajo en la Ciudad. De hecho, el mismo director acaba de echar a la delegada general de la junta interna en Estadísticas de la Ciudad (Tamara Lescano). Es una torpeza total, porque por la causa judicial tanto él como el Indec no deben agravar mis condiciones de trabajo (NdR: el Indec apeló el fallo de primera instancia y hace más de dos años que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debe expedirse). Pensarán que pagarán la multa que corresponde después y listo. Pero mientras tanto el desgaste es tremendo.
-¿El PRO no usa las denuncias que ustedes hicieron para cuestionar el Indec?
-Sí, estamos en un año electoral y se van a llenar la boca diciendo que denuncian las estadísticas truchas y demás, pero ayudan a que los que denunciamos nos tengamos que ir.
La inflación y el congelamiento de precios
-¿Creés que la situación va a mejorar con el nuevo índice de precios?
-Sé prácticamente lo que sale en los medios de comunicación. Es poco lo que se está haciendo con la gente del Indec, del equipo original no queda nadie. Me parece que los tiempos no les dan para hacer lo que quieren, La encuesta de gastos se acaba de terminar en campo y recién se está procesando. Se la necesita para armar las canastas. Después, si se va a hacer en 40 aglomerados el relevamiento de precios lleva un tiempo para organizarlos. Si van a presentar todo en septiembre, me parece que no llegan con el tiempo. Pero si se dibuja, todo se puede hacer rápido.
-¿Sirven como referencia los índices de precios provinciales?
-El problema de no tener índices confiables es que andan volando muchos índices por ahí. Nosotros nos guiábamos por los índices provinciales, pero ya casi no queda ninguno. Hubo aprietes para que dejaran de publicarlos. El único que queda confiable es el de San Luis. La inflación anual que les da es del 24%, más que duplicando a la inflación oficial.
-¿Y los índices de las consultoras privadas?
-No sé, porque no sé cómo los miden. El operativo de precios es un operativo complejo por la infraestructura que se necesita: muchos encuestadores, una muestra importante para que sea confiable y hay que ir a recolectar precios todos los días. Por eso siempre digo que la referencia son los índices provinciales. Ahí sé que hay una dirección provincial de Estadísticas con experiencia. Al margen de las diferencias, a la larga dan más o menos lo mismo en todo el país.
-¿Qué efecto va a tener el congelamiento de precios anunciado por el Gobierno?
-Del congelamiento que ya hubo puedo hablar como consumidora. Me parece que es lo que dice todo el mundo: en las grandes cadenas de supermercados debe haber funcionado. En los comercios chicos, no. Doy fe que en mi supermercado chino aumentaba como siempre.
-¿Y la canasta de 500 productos?
-Me parece que la canasta en sí ya es medio inverosímil. Su conformación no está pensada en la satisfacción de los sectores de menores recursos. Está hecha con los acuerdos que pudieron hacer. Por eso hay seis ceras depilatorias y dos frutas. No es una canasta que tenga ningún sentido nutricional.
El tema es si después vamos a encontrar esos productos. También hay que ver las presentaciones que se pusieron. No son las que más se consumen. Una familia no compra el pote de dulce de leche chiquito, compra el más grande porque es más económico en proporción. Si está congelado el chiquito, empezaremos a consumir esos o dejaremos de consumir la primera marca. Ese es el problema central.