El título nobiliario del esposo de la infanta Cristina es Duque de Palma, pero en medio de los problemas judiciales y el descrédito popular que enfrenta, el Ayuntamiento de la isla -tanto los diputados del gobernante Partido Popular como los socialistas del PSOE- pidió que Urdangarin deje de ser llamado con esa denominación real y devuelva el dinero público mal utilizado, siempre que la Justicia pruebe las acusaciones.
El proceso está cada vez más complicado para el yerno de Juan Carlos I. Mientras su ex socio reveló cientos de correos electrónicos en los que complica tanto a Urdangarin como a la misma Casa del Rey, su abogado parece haber optado por cubrirlo con un manto plebeyo.
Así, asegura que para el desventurado Iñaki el día a día no es diferente del de que cualquier otro español que enfrenta el problema que marca los tiempos del país: desocupación y urgencia de fondos para pagar su hipoteca.
El letrado Pascual Vives señaló que las cuentas de Urdangarin no superan los 80.000 euros, una cifra irrisoria si se compara con las fortunas de ocho cifras que ha manejado el Instituto Nóos y que -según los últimos trascendidos- sirvieron en su momento para pagar la misma hipoteca que hoy estaría desvelando al Duque.
Vives no ha querido hacer comentarios sobre este último punto, aduciendo que no maneja los números de Nóos -una fundación sin fines de lucro creada para ayudar a niños discapacitados-, contabilidad por la que Urdangarin supuestamente filtraba dinero público para negocios propios, práctica que la misma Casa del Rey le recomendó interrumpir. A causa de haber seguido ese consejo, hoy Urdangarin -siempre según la visión de su representante legal- ha pasado a engrosar el 26% de desempleo que sufre la península.
Durante la última audiencia ante el juez, Urdangarin fue increpado por manifestantes (EFE)