Hace ya un año, el movimiento estudiantil conocido como "la primavera chilena" mostró al mundo el reclamo por una educación pública, gratuita y de calidad. De nivel universitario y secundario, los estudiantes tomaron las calles y ocuparon centros educativos.
La cara visible de todas las marchas fue Camila Vallejo, que en 2011 fue presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh). Ante un micrófono o un megáfono, con un cartel en sus manos, trascendió las fronteras de su país como la joven guapa de ojos celestes que hacía flaquear al Gobierno de Sebastián Piñera.
Pero detrás del reclamo por un futuro distinto hay otras historias. Se encuentran aquellos que ya transitaron los pasillos de la educación universitaria y luego entraron a la vida profesional con la etiqueta de deudores. María Cristina Vallejos Cox tiene 30 años, es ingeniera civil y trabaja en la minera Codelco. Tiene una hija, dos hermanos y un gato escurridizo. Y como más de 350.000 chilenos, es deudora de un crédito privado para financiar su educación superior.
María Cristina define su deuda como "gigante". En total, debe US$ 30.000 por sus estudios en la Universidad de Chile. Y sabe que, a una tasa del 7% anual, ese gigante seguirá creciendo. "En mi familia no teníamos los recursos para pagar la carrera, así que el primer año me endeudé con el Banco CorpBanca", dice en una entrevista brinda a Infobae América. Para devolver ese crédito, pagó US$ 100 por mes durante diez años, desde 2001 hasta 2011.
El segundo y tercer año de la carrera decidió deberle dinero directamente a la universidad, y del cuarto en adelante fue beneficiada por el Crédito Solidario, por lo que más adelante sólo pagaría el 50% del arancel. Como lo otorga el Estado chileno, ese crédito tiene un interés del 2% anual y se empieza a pagar dos años después de que el alumno cancela su última matrícula. "Este año les empezaré a pagar los ocho millones de pesos (US$ 16.400) que les debo", anticipa. Eso se sumará a los US$ 450 mensuales que ya le acredita a la Universidad de Chile.
Obtener un título de grado en una universidad vale por encima de los US$ 6.000 anuales. Después de los Estados Unidos, Chile es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuyas universidades privadas son las más caras.
"Tuve que pagar el doble de lo que costaba mi carrera". Con esa frase, Felipe Neuenschwander describe su actual situación financiera. Hoy, le debe US$ 15.907 al Banco de Estado de Chile por el crédito Corfo que solicitó para estudiar. "Cursé los dos primeros años en la Universidad del Pacífico, y por un tema de plata, me cambié al instituto Duoc UC", describe el publicista de 27 años, que ya pagó unos US$ 8.000.
La primera cuota la canceló en 2005 y espera terminar de pagar recién en 2017. "O pedía un crédito o no podía estudiar, así de simple", se lamenta. "Cuando la educación se abrió al libre mercado y empezó a verse como un mero negocio, comenzó a perder el valor y la calidad que esperamos que ofrezca", analiza.
Ese libre mercado que Felipe critica es justificado por Ricardo León Barrios, para quien la demanda regula los precios en el mercado educativo universitario. En busca de "una mejor calidad de vida", este economista de Nokia Siemens dejó su natal Venezuela hace 10 para estudiar ingeniería comercial en la Universidad Alberto Hurtado y con la doble nacionalidad, instalarse en Chile.
Sus padres pudieron costear los dos primeros años de estudios, y los últimos tres los financió con un préstamo del Banco Santander, a una tasa del 7% anual. Con un sueldo de US$ 2.000 puede "cancelar cómodamente" los US$ 300 que todos los meses abona a la entidad. Su deuda actual es de US$ 4.000. "Los estudiantes protestaron ante la instancia que tienen al frente: las universidades. Pero al final del día, el problema está en el sistema financiero al que se recurre para pagar la universidad".
Daniela González es periodista. Se recibió por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2007, y hace dos semanas quería "cambiarse de banco" para poner la deuda a su nombre. Cuando comenzó a estudiar hace ocho años no tenía ingresos propios y su madre fue quien tomó el préstamo del banco privado de Desarrollo Scotiabank, con ella como su aval.
Pero el objetivo se vio desdibujado cuando se reunió con una ejecutiva de la entidad para analizar el estado de sus cuentas. "Me encontré con dos sorpresas desagradables. Primero, que debo todavía más de US$ 19.000. Casi me fui de espalda. No puedo creer que después de que mis papás pagaron los intereses durante cinco años, y yo llevo otros cinco pagando el crédito en sí, todavía debo el costo de mi carrera", dice.
La "segunda sorpresa desagradable" vino inmediatamente después de la primera. La ejecutiva le dijo que su renta de no la hace apta para ser titular del crédito, pues el pago mensual de US$ 247 equivale al 25% de su sueldo. "Trabajo en Paula, una de las revistas más prestigiosas de Chile y obtengo esa renta. Probablemente si hubiera estudiado medicina, derecho o ingeniería civil ganaría más, pero opté por lo que me apasiona".
¿Cuestión de gratuidad?
Al no irse a Santiago y permanecer en Viña del Mar, Basilio Torres tiene una beca por fomento regional que le cubre el 17% de la carrera de abogacía en la Universidad Andrés Bello. Tiene 21 años y está cursando el tercer año, por lo que ahora paga US$ 184 mensuales por los intereses de su deuda. Si no tuviera acceso al crédito con aval del Estado (CAE), debería pagar 350.000 pesos por mes (US$ 700). En total, la carrera le costará unos US$ 30.800, pero Basilio cree que los costos seguirán escalando.
A través del CAE, un banco privado o público financia al estudiante, pero la deuda se contrae con el Estado desde 2005. Unos 220.000 estudiantes se acogieron a este sistema el año pasado, que en total suman 350.000 deudores.
"Creo que alcanzo a pagar el préstamo en unos 15 años", considera. De su familia, será el primero en entrar a la universidad, y ve al crédito como una oportunidad. "Si no lo tuviera, no podría pagar esa cantidad de dinero. Estar endeudado es tener una posibilidad de salir adelante", asegura.
Daniela y María Cristina concuerdan en que la educación debería ser gratuita y de calidad, el principal pedido del movimiento estudiantil. En cambio, Felipe piensa que la educación no debería ser gratuita, porque no iría de la mano de la calidad. "Estoy de acuerdo con el nuevo proyecto propuesto (por el Gobierno), en que el pago debería ser proporcional al ingreso de cada carrera una vez que se egrese con una fuente laboral estable".
Este proyecto también propone cambios en la tasa de interés (que pasaría del 6 al 2% anual) y propone al Estado como prestamista, eliminando a la banca privada. Para María Cristina, el presidente Piñera "no está proponiendo nada novedoso. A él le reventó la bomba, pero los Gobierno anteriores nos dejaron el hoyo educacional".
Por su parte, el economista venezolano asegura que lo más importante es que la educación preescolar, primaria y secundaria sea gratuita. "El Estado es ineficiente en cualquier cosa que no sea gobernar, pero debería regular mejor el sistema universitario. El costo de estudiar en Chile está sumamente inflado".
Mientras las marchas por la educación siguen caminando las calles de Chile, los graduados con deuda universitaria consideran que, en el fondo, no les queda otra opción que pagar el crédito para progresar en su carrera. "Ser profesional cuesta mucha plata. Sé que sigo siendo parte de la élite que pudo estudiar, y mi situación es mejor que la de muchísimas familias en Chile, pero es injusto que uno tenga que pagar tanto para impulsar la movilidad social", concluye Daniela.